Granada nos importa

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Albayda es una asociación vecinal de distrito Beiro comprometida en mejorar la calidad de vida de los vecin@s de la ciudad de Granada. Desde el año 2000 nuestro colectivo ha representado también los intereses del Parque Almunia contado así con un amplio y diverso número de personas que de manera altruista han dedicado su tiempo al servicio a los demás. Ahora tú puedes formar parte de nuestra historia vecinal por tan sólo 10 euros anuales o participar mejorando tu barrio remitiéndonos tus peticiones a través de nuestra web institucional. Albayda de necesita de ti para mejorar nuestro entorno y dotar a la barriada de mayores servicios.

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ImageEl Ayuntamiento de Granada pone en marcha la administración electrónica para que los ciudadanos realicen sus trámites burocráticos sin salir de casa. El 'morbo' de hacer cola ante el mostrador de un servicio de la administración pública para, tras larga espera, ser reenviado a otro mostrador de otro departamento que, con suerte, estará situado en otra planta y no en otro edificio alejado del que hemos ido -si es que no nos remiten a casa con un 'vuelva usted otro día'- es un mito a punto de desaparecer de nuestra vida cotidiana. No más horas perdidas ni paseos innecesarios para realizar un trámite burocrático. La administración electrónica es una realidad en Europa, España y Andalucía, y el Ayuntamiento de Granada acaba de implantarla. Las ventajas que ofrece al ciudadano son infinitas pues, sin salir de su domicilio, puede realizar todo tipo de gestiones a través de Internet a cualquier hora del día y desde cualquier punto de nuestra geografía, sin necesidad de la presencia física. Basta con tener a mano un ordenador, acceso a la red y disponer de firma electrónica -de la que ahora hablaremos- para pagar el IBI, pedir una licencia de obras, solicitar el empadronamiento, la ocupación de la vía pública o, simplemente, sacar por nuestra impresora un certificado de convivencia. He aquí la advertencia que le hizo la Unión Europea a España hace, ahora, cinco años: si queréis pasar de segunda a primera división, es decir, ser un país puntero, tenéis que invertir en nuevas tecnologías y antes de que finalice el 2004 los españoles deben tener acceso a veinte servicios públicos 'on line' totalmente electrónicos: doce para el ciudadano (pago de impuestos, búsqueda de empleo, Seguridad Social, documentos personales, -DNI, pasaporte-, matriculación de automóviles, solicitud de permiso de conducir, declaración a la policía, acceso a las bibliotecas públicas, anuncios de traslado y servicios de salud) y ocho para las empresas (registro de una nueva compañía, IVA, contribución social para empleados, impuesto corporativo, presentación de datos estadísticos, declaración de aduanas, permisos sobre medio ambiente y concursos públicos). Pero por mucho que se ha querido correr, a ninguna administración le ha dado tiempo a cumplir los objetivos previstos, bien por falta de medios económicos y humanos como por la inadecuación de los técnicos. Aún así, se ha hecho un gran esfuerzo y la Junta de Andalucía ya ofrece cuarenta y cinco servicios públicos que el ciudadano puede gestionar directamente desde un ordenador. Los Ayuntamientos van más despacio y apenas si han pasado los dos primeros niveles de exigencia -la de información a través de sus páginas web y la descarga en linea de algunos impresos oficiales -, por lo que les queda más de un año para que cualquier persona pueda iniciar, instruir y resolver desde casa cualquier expediente administrativo, incluido el pago de tasas en línea, cuyo servicio prestará Caja Granada al municipio granadino. Para que los administrados puedan acceder con garantía y confidencialidad a la base de datos del Ayuntamiento de Granada, la corporación ha tenido que especializar a algunos funcionarios y dotarse de un sistema informático que le permita el reconocimiento y tramitación de la firma electrónica, sin la cual no podemos hacer nada en las ventanillas 'on line'. Para conseguirla, basta con presentarse en en sus oficinas de atención ciudadana con el DNI y, allí mismo, le facilitarán una clave que ni la propia administración puede descifrar. Las garantías son totales pues una ley, aprobada en el año 2003, concede a la firma electrónica el mismo valor jurídico que una firma manuscrita y podrá, incluso, ser admitida como prueba en juicio.