La agrupación local del PSOE de Granada ha emprendido la vía penal contra la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno Local, varios coordinadores generales y al gerente de la Fundación Albaicín al considerar que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento nombró ilegalmente a dichos cargos. Esta iniciativa no es compartida por el grupo municipal socialista, cuyo portavoz, Juan Montabes, dijo a Efe que los concejales no han participado en esta denuncia porque son partidarios de la vía contencioso administrativa y la impugnación de los acuerdos adoptados y descartan en este caso las actuaciones penales.
En la denuncia, a la que hoy tuvo acceso Efe, los socialistas consideran responsables de un delito de nombramiento ilegal de cargo público al alcalde, José Torres Hurtado, y a los concejales de Personal, Jaime Sánchez-Llorente; Tráfico, José Antonio Balderas; Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida; Economía, Isabel Nieto; Cultura, Juan García Montero; Presidencia, Sebastián Pérez; y Obras Públicas, Luis Gerardo García-Royo.
Además, a García-Royo se le considera presunto autor de un delito de prevaricación por nombrar y mantener como gerente de la Fundación Albaicín a Juan Manuel Segura, "haciéndolo a sabiendas y con la intención de burlar la Ley", pese a las advertencias de la oposición.
A los coordinadores generales de Personal, Miguel Angel Moreno; Tráfico, Rafael Cerezo; Cultura, José Luis Carmona, y Presidencia, José María Guadalupe, y a Segura se les considera presuntos responsables de un delito de aceptación de nombramiento ilegal.
La agrupación local del PSOE sostiene en su denuncia que la Junta de Gobierno local efectuó dichos nombramientos sin que los designados "reúnan los requisitos exigidos por la Ley de Grandes Ciudades", que establece que para esos cargos es necesario ser funcionario de carrera o laboral de las Administraciones Públicas, o un profesional del sector privado, tener titulación superior y una experiencia en el ejercicio profesional de más de cinco años.
Añade en la denuncia que los miembros del equipo de Gobierno municipal fueron informados en distintas ocasiones de que podían incurrir "en ilicitud penal", pese a lo que fueron nombrados por decreto de la Alcaldía el 2 de noviembre de 2004, cinco meses después de que la Ley de Grandes Ciudades entrara en vigor de forma definitiva.
En cuanto a los coordinadores generales, los socialistas señalan que también fueron advertidos de que "carecen de los requisitos necesarios para aceptar el nombramiento, pese a lo que lo hicieron".
A García-Royo y a Segura les acusan además de actuar "con grave desprecio hacia el legislador y el ordenamiento jurídico" y de incumplir la citada Ley por continuar y permitir que así fuese como gerente de la Fundación Albaicín "cuando no posee más que el certificado de estudios primarios".
Por su parte, el equipo de Gobierno municipal rechazó en un comunicado "las gravísimas acusaciones con imputación de delitos de prevaricación y contra la Administración Pública" hechas por el PSOE y aseguró que los nombramientos "han cumplido con las prescripciones legales", que contemplan la posibilidad de "aplicar la excepción al requisito de la condición funcionarial en los casos en que las especiales demandas del puesto concreto así lo aconsejaron".
En cuanto a la figura de los gerentes de organismos autónomos municipales, caso en el que la Ley no contempla excepción alguna, recuerda que "el proceso de aprobación de los Estatutos de los Organismos Autónomos al nuevo marco legal no ha concluido".
En este sentido, el Gobierno municipal señaló que "a las fechas actuales, no ha entrado en vigor ninguno de los estatutos, estando pendientes de su publicación en el BOP, por lo que no se ha producido nombramiento alguno de gerente de organismo autónomo no sujeto a la legalidad".
Por ello, apuntó que "la situación de los gerentes designados al amparo de la anterior legislación se mantiene hasta que sea procedente realizar los nuevos nombramientos" que, aseguró, "se adecuarán a la más estricta legalidad".
El Gobierno municipal señaló además que esta cuestión debe dilucidarse por la vía contencioso-administrativa, por lo que lamentó "profundamente" que se haya incurrido en "la judicialización de la vida municipal, con la crispación que ello conllevará", y anunció que se reserva el ejercicio de "cuantas acciones judiciales, de toda consideración, le asistan para la defensa de sus acciones, de sus corporativos y de su personal directivo". PSOE lleva ante los tribunales al Gobierno municipal por nombramientos ilegales de altos cargos.
La agrupación local del PSOE de Granada ha emprendido la vía penal contra la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno Local, varios coordinadores generales y al gerente de la Fundación Albaicín al considerar que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento nombró ilegalmente a dichos cargos. Esta iniciativa no es compartida por el grupo municipal socialista, cuyo portavoz, Juan Montabes, dijo a Efe que los concejales no han participado en esta denuncia porque son partidarios de la vía contencioso administrativa y la impugnación de los acuerdos adoptados y descartan en este caso las actuaciones penales.
En la denuncia, a la que hoy tuvo acceso Efe, los socialistas consideran responsables de un delito de nombramiento ilegal de cargo público al alcalde, José Torres Hurtado, y a los concejales de Personal, Jaime Sánchez-Llorente; Tráfico, José Antonio Balderas; Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida; Economía, Isabel Nieto; Cultura, Juan García Montero; Presidencia, Sebastián Pérez; y Obras Públicas, Luis Gerardo García-Royo.
Además, a García-Royo se le considera presunto autor de un delito de prevaricación por nombrar y mantener como gerente de la Fundación Albaicín a Juan Manuel Segura, "haciéndolo a sabiendas y con la intención de burlar la Ley", pese a las advertencias de la oposición.
A los coordinadores generales de Personal, Miguel Angel Moreno; Tráfico, Rafael Cerezo; Cultura, José Luis Carmona, y Presidencia, José María Guadalupe, y a Segura se les considera presuntos responsables de un delito de aceptación de nombramiento ilegal.
La agrupación local del PSOE sostiene en su denuncia que la Junta de Gobierno local efectuó dichos nombramientos sin que los designados "reúnan los requisitos exigidos por la Ley de Grandes Ciudades", que establece que para esos cargos es necesario ser funcionario de carrera o laboral de las Administraciones Públicas, o un profesional del sector privado, tener titulación superior y una experiencia en el ejercicio profesional de más de cinco años.
Añade en la denuncia que los miembros del equipo de Gobierno municipal fueron informados en distintas ocasiones de que podían incurrir "en ilicitud penal", pese a lo que fueron nombrados por decreto de la Alcaldía el 2 de noviembre de 2004, cinco meses después de que la Ley de Grandes Ciudades entrara en vigor de forma definitiva.
En cuanto a los coordinadores generales, los socialistas señalan que también fueron advertidos de que "carecen de los requisitos necesarios para aceptar el nombramiento, pese a lo que lo hicieron".
A García-Royo y a Segura les acusan además de actuar "con grave desprecio hacia el legislador y el ordenamiento jurídico" y de incumplir la citada Ley por continuar y permitir que así fuese como gerente de la Fundación Albaicín "cuando no posee más que el certificado de estudios primarios".
Por su parte, el equipo de Gobierno municipal rechazó en un comunicado "las gravísimas acusaciones con imputación de delitos de prevaricación y contra la Administración Pública" hechas por el PSOE y aseguró que los nombramientos "han cumplido con las prescripciones legales", que contemplan la posibilidad de "aplicar la excepción al requisito de la condición funcionarial en los casos en que las especiales demandas del puesto concreto así lo aconsejaron".
En cuanto a la figura de los gerentes de organismos autónomos municipales, caso en el que la Ley no contempla excepción alguna, recuerda que "el proceso de aprobación de los Estatutos de los Organismos Autónomos al nuevo marco legal no ha concluido".
En este sentido, el Gobierno municipal señaló que "a las fechas actuales, no ha entrado en vigor ninguno de los estatutos, estando pendientes de su publicación en el BOP, por lo que no se ha producido nombramiento alguno de gerente de organismo autónomo no sujeto a la legalidad".
Por ello, apuntó que "la situación de los gerentes designados al amparo de la anterior legislación se mantiene hasta que sea procedente realizar los nuevos nombramientos" que, aseguró, "se adecuarán a la más estricta legalidad".
El Gobierno municipal señaló además que esta cuestión debe dilucidarse por la vía contencioso-administrativa, por lo que lamentó "profundamente" que se haya incurrido en "la judicialización de la vida municipal, con la crispación que ello conllevará", y anunció que se reserva el ejercicio de "cuantas acciones judiciales, de toda consideración, le asistan para la defensa de sus acciones, de sus corporativos y de su personal directivo".