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ImageLos socialistas alegan que el PP no ha respetado el plazo para que los vecinos presenten alegaciones El PP hará valer su mayoría para sacar adelante en el pleno las tasas municipales para 2005. El PSOE ha hecho un último intento a la desesperada para evitar que el PP haga valer su mayoría en el pleno municipal y apruebe hoy las nuevas ordenanzas fiscales para 2005, donde está contemplada una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) cercana al 30%. Los socialistas presentaron ayer en el registro del Ayuntamiento una impugnación a las tasas, por entender que el equipo de gobierno se ha saltado el plazo previsto para que los vecinos presenten sus alegaciones. El IBI subirá el próximo año un 29,7% de media. Un incremento que el PP justifica por el dinero que el Gobierno ha dejado de abonar con cargo al Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Un pellizco que a muchas familias les dejará tiritando. Como tiritaron ayer los socialistas cuando presentaron a las 10.30 de la mañanas, en plena plaza del Carmen, a la intemperie, su campaña de recogida de firmas. Los golpes de efectos tienen estas cosas. El PSOE ha conseguido reunir en veinte días 8.000 'autógrafos' de granadinos para frenar el incremento del IBI, que definen como «la subida más brutal de la democracia». Según los cálculos del secretario del PSOE en la capital, Ángel Gallego, el repunte alcanza el 80% en algunos casos. A todo esto hay que sumar la subida en la tasa de basura, que la oposición cifra en el 24%. Adelante Según la impugnación presentada por el PSOE, el margen para presentar alegaciones termina mañana. Después, el PP tendría que someter las ordenanzas a una serie de pasos administrativos, lo que dificultaría su aprobación antes de que finalice el año. El PSOE se ha agarrado a las trabas burocráticas para retener la aprobación de las ordenanzas. Posiblemente no ocurra así. El viernes, el equipo de gobierno convocó a todos los grupos a la Comisión de Economía, que se reunió ayer a las nueve de la mañana. Allí, los ediles -sostiene el PSOE- tuvieron que dictaminar sobre un rosario de alegaciones que no conocían. Este documento se votará hoy en pleno y -si nadie lo impide- se quedarán aprobadas las tasas para 2005. Unas ordenanzas fiscales que, siempre según el PSOE, tampoco han pasado por el Tribunal Económico, un nuevo órgano que se ha creado a partir de la Ley de Grandes Ciudades. Por supuesto, tampoco se han sometido a opinión del Consejo Social -antiguo CES- que celebró ayer su primera sesión constitutiva. «Presumimos que la mayoría absoluta supondrá su absoluta voluntad», reflexionó ayer el portavoz municipal del PSOE, Juan Montabes. La línea entre PSOE y Ayuntamiento es turbia. Hace unos días, los socialistas cuestionaban la legitimidad del PP para mantener a varios de sus cargos de confianza que, a priori, no reúnen los requisitos necesarios. Ayer, Ángel Gallego volvió a echar mano del catón de lo políticamente correcto para recriminar a Torres Hurtado que, al aprobar las ordenanzas fiscales, estaba generando una «situación de inseguridad jurídica que puede derivar en la indefensión de los ciudadanos». La tibieza de las letras no deben esconder que se trata de acusaciones muy duras. El PSOE pide tiempo para que los vecinos presenten alegaciones. Aunque ellos sí han llegado dentro de plazo. Los socialistas registraron su pequeña 'enmienda' -un folio, con cabecera y firma- en la que solicitan que se le aplique el IPC, tanto a la tasa de basuras como al IBI. Sencillo y escueto. Crítica de IU Por otra parte, IU se posicionó ayer sobre el descuento de hasta el 40% planteado por el PP para las familias numerosas. El grupo municipal propone que las bonificaciones en el IBI se apliquen teniendo en cuenta el nivel de renta de dichas familias. En concreto, la organización de izquierdas ha realizado una alegación a la ordenanza en la que se recoge que las familias que puedan disfrutar de estos descuentos perciban una renta que no supere el salario mínimo. Según la portavoz de IU, Lola Ruiz Doménech «esta medida nos parece arbitraria e injusta, ya que no es de justicia social que se beneficien por igual familias con una renta alta de ingresos y familias con bajo nivel».