Granada nos importa

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ImageEl Ayuntamiento busca a una persona ajena a la política y con perfil de técnico Sus decisiones no serán vinculantes para la alcaldía. La ciudadanía dispondrá de un Defensor del Vecino que se encargará de mediar con el Ayuntamiento para resolver las quejas de los granadinos o, al menos, elevarlas al equipo de Gobierno municipal para intentar solucionarlas. Esta nueva figura, anunciada en el programa electoral del PP, tiene garantizada su puesta en marcha para el próximo año. «Los próximos presupuestos contemplan una pequeña partida económica para su creación», comenta el concejal de Participación Ciudadana, Eduardo del Moral, quien augura que en el «primer trimestre de 2005» entrará en funcionamiento este nuevo servicio. El alcalde es el encargado de nombrar al futuro Defensor del Vecino, aunque hay pocas pistas sobre los candidatos. «La idea es encontrar a una persona independiente que pueda seguir en el cargo esté quién esté en el Gobierno municipal», apunta Del Moral. Participación Ciudadana no descarta que sea un técnico municipal quien pueda ocupar este cargo, «aunque también se podría tratar de alguien de la calle, ajeno al Ayuntamiento». La reciente polémica sobre el nombramiento de Antonio Campos como presidente del Consejo Social ha frenado cualquier intento de publicitar el nombre de los candidatos. Poco dinero Eduardo del Moral asegura que la partida presupuestaria reservada en las cuentas de 2005 para activar la oficina del Defensor del Vecino «será pequeña», aunque no especifica la cantidad. «Parte de ese dinero lo utilizaremos para divulgar el nuevo servicio municipal entre los granadinos». La oficina estará ubicada en la calle San Matías, en las antiguas dependencias municipales de Medio Ambiente. Compartirá edificio con la delegación de Participación Ciudadana, una vez que la concejalía abandone el Ayuntamiento para trasladarse a las nuevas dependencias. Por último, las decisiones del Defensor del Vecino, una figura contemplada en la nueva Ley de Grandes Ciudades que no obliga a los ayuntamientos a imponerla, no tendrán carácter vinculante para el Gobierno municipal.