El PSOE ve «peligroso» que no contemple las infraestructuras que garantizan el ciclo integral del agua y un suministro de alta calidad para el cinturón.
Izquierda Unida pedirá la anulación porque Granada podría perder 22 millones de euros en un convenio «precipitado» y sin «previsión de futuro».
El consejo de administración de Emasagra aprobaba ayer el acuerdo a tomar con el Ayuntamiento de Granada para la ampliación de la concesión durante 25 años más, lo que supone que Aquagest Sur, gestionará el suministro y saneamiento del agua en Granada hasta el año 2047. Aprobaba también el pago de 28 millones de euros al Ayuntamiento a cambio de la ampliación de la concesión. Pero este acuerdo no ha tenido el apoyo incondicional de todos los grupos políticos representados en la parte municipal de la empresa. El grupo del PSOE decidía abstenerse en la votación, mientras que Izquierda Unida votaba en contra. Sólo el PP daba luz verde, junto a los socios privados de la empresa, al acuerdo de ampliación y las inversiones y actuaciones que lleva consigo.
El problema del acuerdo, según indica el PSOE, se encuentra en que el documento base no contiene ni la más mínima referencia al gran proyecto de inversiones e infraestructuras que la empresa de aguas tiene previsto realizar en gran parte del Área Metropolitana, con el ciclo integral del agua como base de actuaciones.
Inversión global
Una inversión global de 200 millones, que ya está planificada, no se ha incluido en el acuerdo. «Existe un compromiso verbal del consejero delegado, Sebastián Pérez, de que esas inversiones estarán en marcha, pero nos hubiese gustado que se expresara por escrito», señala el portavoz del PSOE, José María Rueda, que va a más.
«A las once de la noche del jueves, Sebastián Pérez nos asegura que el acuerdo incluiría un párrafo en el que se expresaría la voluntad de la empresa de acometer las inversiones», pero durante la reunión del consejo, el párrafo no se incluye. No creen que Aquagest pretenda desmarcarse de esas infraestructuras. «Debería quedar expresado por escrito, ya que es la base para la concesión por 25 años más», dice Rueda.
Entre las infraestructuras se encuentran proyectos que garantizan un suministro de agua de calidad a la totalidad del Área Metropolitana, así como el saneamiento y depuración. También se encuentran las conexiones de los embalses y los pozos de la Vega con la red de abastecimiento del cinturón. La ampliación de la concesión se ve necesaria porque no se podría acometer una inversión de esta magnitud sin que garantizase un periodo de tiempo suficientemente largo para hacerla y para lograr su rentabilidad.
Al PSOE le resulta paradójico que no se haya querido decir nada de ello en el documento que servirá de base al convenio que se firmará en las próximas semanas. «Sería posible incluir no sólo el párrafo de compromiso, sino incluso el estudio económico que conllevaría la inversión. Eso es lo que esperamos y, por ello, no lo hemos rechazado, sino que hemos optado por la abstención», dice Carlos Hita, concejal del PSOE responsable de asuntos económicos.
El rechazo de IU
La posición de Izquierda Unida ante el acuerdo de Aquagest es más radical. Ayer votaban en contra, e incluso anunciaban su intención de impugnarlo judicialmente. Consideran que la ciudad pierde más de 20 millones de euros al conformarse con los 28 prometidos por la empresa, ya que hay que tener en cuenta qué previsión económica de futuro tendría la empresa en estos años.
La prórroga, «hará perder a los granadinos 22 millones de euros» según explicó el concejal Manuel Morales , para quien la razón de este convenio es que «el gobierno municipal necesita dinero fresquito para el presupuesto de 2006». Indica que si Emasagra continúa con el beneficio constante de cuatro millones de euros anuales, se obtendría una cifra de 100 millones de euros a repartir entre el Ayuntamiento y Aquagest. «De estos 100 millones, al Ayuntamiento le corresponderían 50, y no los 28 por los que se quiere suscribir el acuerdo». El acuerdo de Emasagra olvida las inversiones del Área Metropolitana.
El PSOE ve «peligroso» que no contemple las infraestructuras que garantizan el ciclo integral del agua y un suministro de alta calidad para el cinturón.
Izquierda Unida pedirá la anulación porque Granada podría perder 22 millones de euros en un convenio «precipitado» y sin «previsión de futuro».
El consejo de administración de Emasagra aprobaba ayer el acuerdo a tomar con el Ayuntamiento de Granada para la ampliación de la concesión durante 25 años más, lo que supone que Aquagest Sur, gestionará el suministro y saneamiento del agua en Granada hasta el año 2047. Aprobaba también el pago de 28 millones de euros al Ayuntamiento a cambio de la ampliación de la concesión. Pero este acuerdo no ha tenido el apoyo incondicional de todos los grupos políticos representados en la parte municipal de la empresa. El grupo del PSOE decidía abstenerse en la votación, mientras que Izquierda Unida votaba en contra. Sólo el PP daba luz verde, junto a los socios privados de la empresa, al acuerdo de ampliación y las inversiones y actuaciones que lleva consigo.
El problema del acuerdo, según indica el PSOE, se encuentra en que el documento base no contiene ni la más mínima referencia al gran proyecto de inversiones e infraestructuras que la empresa de aguas tiene previsto realizar en gran parte del Área Metropolitana, con el ciclo integral del agua como base de actuaciones.
Inversión global
Una inversión global de 200 millones, que ya está planificada, no se ha incluido en el acuerdo. «Existe un compromiso verbal del consejero delegado, Sebastián Pérez, de que esas inversiones estarán en marcha, pero nos hubiese gustado que se expresara por escrito», señala el portavoz del PSOE, José María Rueda, que va a más.
«A las once de la noche del jueves, Sebastián Pérez nos asegura que el acuerdo incluiría un párrafo en el que se expresaría la voluntad de la empresa de acometer las inversiones», pero durante la reunión del consejo, el párrafo no se incluye. No creen que Aquagest pretenda desmarcarse de esas infraestructuras. «Debería quedar expresado por escrito, ya que es la base para la concesión por 25 años más», dice Rueda.
Entre las infraestructuras se encuentran proyectos que garantizan un suministro de agua de calidad a la totalidad del Área Metropolitana, así como el saneamiento y depuración. También se encuentran las conexiones de los embalses y los pozos de la Vega con la red de abastecimiento del cinturón. La ampliación de la concesión se ve necesaria porque no se podría acometer una inversión de esta magnitud sin que garantizase un periodo de tiempo suficientemente largo para hacerla y para lograr su rentabilidad.
Al PSOE le resulta paradójico que no se haya querido decir nada de ello en el documento que servirá de base al convenio que se firmará en las próximas semanas. «Sería posible incluir no sólo el párrafo de compromiso, sino incluso el estudio económico que conllevaría la inversión. Eso es lo que esperamos y, por ello, no lo hemos rechazado, sino que hemos optado por la abstención», dice Carlos Hita, concejal del PSOE responsable de asuntos económicos.
El rechazo de IU
La posición de Izquierda Unida ante el acuerdo de Aquagest es más radical. Ayer votaban en contra, e incluso anunciaban su intención de impugnarlo judicialmente. Consideran que la ciudad pierde más de 20 millones de euros al conformarse con los 28 prometidos por la empresa, ya que hay que tener en cuenta qué previsión económica de futuro tendría la empresa en estos años.
La prórroga, «hará perder a los granadinos 22 millones de euros» según explicó el concejal Manuel Morales , para quien la razón de este convenio es que «el gobierno municipal necesita dinero fresquito para el presupuesto de 2006». Indica que si Emasagra continúa con el beneficio constante de cuatro millones de euros anuales, se obtendría una cifra de 100 millones de euros a repartir entre el Ayuntamiento y Aquagest. «De estos 100 millones, al Ayuntamiento le corresponderían 50, y no los 28 por los que se quiere suscribir el acuerdo».