Granada nos importa

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ImageEl Ayuntamiento acusa a la Consejería de Obras Públicas de "acoso" al recurrir el proyecto de calle Cañaveral sin previo aviso al Consistorio. La Junta de Andalucía ha vuelto a recurrir a la Justicia para frenar un proyecto municipal que considera fuera del orden urbanístico. Ha presentado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos un recurso contra el aparcamiento que el Ayuntamiento ha proyectado en la calle Cañaveral y que ya fue objeto de una gran controversia por las protestas vecinales que generó. El gobierno local del PP aseguró ayer que ha recibido una "enorme y desagradable sorpresa" de la Junta al conocer mediante notificación judicial la existencia de ese recurso. El motivo de ese asombro es que hasta este momento el Ayuntamiento desconocía que la Consejería de Obras Públicas estuviera en contra de esta actuación municipal, según expuso el portavoz municipal, Luis Gerardo García-Royo, que calificó esta acción como "acoso" al municipio. El recurso presentado por la Junta incluye también una petición al juez para que suspenda el acuerdo municipal para la construcción de ese aparcamiento, cuyas obras estaban a punto de comenzar. De hecho, el Ayuntamiento ya había adjudicado a una empresa esta infraestructura. Este recurso se suma al que Obras Públicas presentó el año pasado contra otro de los aparcamientos previstos por el Ayuntamiento en terrenos protegidos de la Vega (a escasos metros del que ahora ha recurrido la Administración autonómica). En ese caso, el juez ya accedió a la suspensión cautelar del acuerdo municipal que daba luz verde al aparcamiento y, desde entonces, el proyecto permanece paralizado en espera de que el mismo juzgado resuelva el recurso de forma definitiva. Ahora Obras Públicas ha ejercido la misma acción judicial sobre el otro aparcamiento en superficie proyectado por el Ayuntamiento en esa zona, aunque en este caso no se trate de terrenos de la Vega. Es un espacio que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reserva para zonas libres, motivo por el que la Junta rechaza la iniciativa. El delegado de Obras Públicas, Pedro Fernández, aseguró que en esta medida no hay ningún interés político porque son los técnicos los que deciden si un acuerdo municipal va contra la ley. Los vecinos de la zona protestaron también por este proyecto que en origen incluía el aparcamiento y un ecoparque (centro de reciclaje). Los residentes reclamaban un gran espacio público y temían la presencia del botellón. Tras sucesivos cambios negociados con los propios vecinos de la zona, en ese espacio se previó la construcción de un parque público y un aparcamiento más reducido que el anterior (con 350 plazas).