Manuel Chaves anuncia una modificación de la Ley para frenar los desmanes. IU lo acusó de «mirar para otro lado» y citó la amenaza a la Vega de Granada.
La especulación urbanística podría tener los días contados en Andalucía. O eso pretende el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien anunció ayer, en la sesión de control del pleno parlamentario, una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística andaluza para dificultar a los ayuntamientos la aprobación de planes o convenios urbanísticos contrarios a la legislación. La propuesta concreta de Chaves supone que la Junta asumirá todas las competencias urbanísticas de un ayuntamiento en los casos, excepcionales, en los que el Parlamento dictamine que el Consistorio ha infringido «gravemente» las leyes urbanísticas.
Después de ser objetivo de acusaciones de connivencia o fomento de las irregularidades urbanísticas, por parte de las portavoces del PP e IU, el presidente de la Junta retó a ambas formaciones a apoyar la modificación de la Ley, cuyo fin último, según aclaró el propio Chaves, es evitar que se aprueben y pongan en práctica Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) como el de Marbella, declarado ilegal por los tribunales «tras la denuncia del Gobierno andaluz».
Arma arrojadiza
La Costa del Sol fue usada como arma arrojadiza, unas veces por la portavoz popular, Teófila Martínez, para recalcar que la situación «caótica» de la zona era «competencia exclusiva» de la Junta; en otras ocasiones para que Chaves recordara al PP que gobierna en un tercio de los ayuntamientos de ese área «por lo que alguna responsabilidad también tendrán sus alcaldes, que son quienes redactan los planes urbanísticos y conceden las licencias».
De nada le valió al presidente sus defensas y sus reiterados comentarios sobre que la Junta, en caso de incumplimiento urbanístico, sólo puede impugnar los acuerdos y acudir a los tribunales, si es necesario.
Por el contrario, Concepción Caballero, portavoz de IU, acusó directamente al presidente y su Gobierno de haber «mirado para otro lado» y hacer «como que no se enteraba» de la especulación.
La portavoz de IU fue más allá, al afirmar que la especulación se reparte por toda Andalucía, hasta el punto de que, según sus cálculos, las viviendas ilegales pueden llegar a ser 100.000.
Entre las zonas víctimas de la especulación, Caballero citó la amenaza que sufre la Vega de Granada, Cádiz o Huelva.
Tras la intervención de la portavoz de IU, el presidente Chaves contestó se defendió diciendo: «No le puedo consentir ni en broma que me acuse de especulación o de colaborar para que exista. Me puedo equivocar en urbanismo, pero no colaborar con las irregularidades, por eso le pido que retire sus acusaciones, que hace sin pruebas».
Al tiempo, recalcó que las comisiones provinciales de urbanismo, organismos que dan el visto bueno a la nueva ordenación del territorio, «no aprueban ningún plan que no cumpla la legalidad».
En esa línea, el presidente de la Junta explicó que, el compromiso de su Gobierno y su partido, es tener «tolerancia cero» con las irregularidades urbanísticas, algo con lo que no estuvo de acuerdo la portavoz del PP. «Me sorprende que, después de 23 años de Gobierno y, al menos, 15 años de equivocaciones en cuestión de urbanismo, hablen ahora de tolerancia cero», apuntó Martínez, quien comentó que el «caos urbanístico» de Andalucía llega a tal nivel «que basta con conducir por cualquier carretera o ciudad para verlo». La Junta quitará la gestión urbanística a los ayuntamientos que especulen.
Manuel Chaves anuncia una modificación de la Ley para frenar los desmanes. IU lo acusó de «mirar para otro lado» y citó la amenaza a la Vega de Granada.
La especulación urbanística podría tener los días contados en Andalucía. O eso pretende el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien anunció ayer, en la sesión de control del pleno parlamentario, una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística andaluza para dificultar a los ayuntamientos la aprobación de planes o convenios urbanísticos contrarios a la legislación. La propuesta concreta de Chaves supone que la Junta asumirá todas las competencias urbanísticas de un ayuntamiento en los casos, excepcionales, en los que el Parlamento dictamine que el Consistorio ha infringido «gravemente» las leyes urbanísticas.
Después de ser objetivo de acusaciones de connivencia o fomento de las irregularidades urbanísticas, por parte de las portavoces del PP e IU, el presidente de la Junta retó a ambas formaciones a apoyar la modificación de la Ley, cuyo fin último, según aclaró el propio Chaves, es evitar que se aprueben y pongan en práctica Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) como el de Marbella, declarado ilegal por los tribunales «tras la denuncia del Gobierno andaluz».
Arma arrojadiza
La Costa del Sol fue usada como arma arrojadiza, unas veces por la portavoz popular, Teófila Martínez, para recalcar que la situación «caótica» de la zona era «competencia exclusiva» de la Junta; en otras ocasiones para que Chaves recordara al PP que gobierna en un tercio de los ayuntamientos de ese área «por lo que alguna responsabilidad también tendrán sus alcaldes, que son quienes redactan los planes urbanísticos y conceden las licencias».
De nada le valió al presidente sus defensas y sus reiterados comentarios sobre que la Junta, en caso de incumplimiento urbanístico, sólo puede impugnar los acuerdos y acudir a los tribunales, si es necesario.
Por el contrario, Concepción Caballero, portavoz de IU, acusó directamente al presidente y su Gobierno de haber «mirado para otro lado» y hacer «como que no se enteraba» de la especulación.
La portavoz de IU fue más allá, al afirmar que la especulación se reparte por toda Andalucía, hasta el punto de que, según sus cálculos, las viviendas ilegales pueden llegar a ser 100.000.
Entre las zonas víctimas de la especulación, Caballero citó la amenaza que sufre la Vega de Granada, Cádiz o Huelva.
Tras la intervención de la portavoz de IU, el presidente Chaves contestó se defendió diciendo: «No le puedo consentir ni en broma que me acuse de especulación o de colaborar para que exista. Me puedo equivocar en urbanismo, pero no colaborar con las irregularidades, por eso le pido que retire sus acusaciones, que hace sin pruebas».
Al tiempo, recalcó que las comisiones provinciales de urbanismo, organismos que dan el visto bueno a la nueva ordenación del territorio, «no aprueban ningún plan que no cumpla la legalidad».
En esa línea, el presidente de la Junta explicó que, el compromiso de su Gobierno y su partido, es tener «tolerancia cero» con las irregularidades urbanísticas, algo con lo que no estuvo de acuerdo la portavoz del PP. «Me sorprende que, después de 23 años de Gobierno y, al menos, 15 años de equivocaciones en cuestión de urbanismo, hablen ahora de tolerancia cero», apuntó Martínez, quien comentó que el «caos urbanístico» de Andalucía llega a tal nivel «que basta con conducir por cualquier carretera o ciudad para verlo».