El pleno municipal que se celebrará mañana no incluirá en su orden del día la adaptación de los estatutos de la Ley de Grandes Ciudades en lo relativo al nombramiento de coordinadores generales y gerentes de organismos autónomos, como exigió la dirección local del PSOE. Su responsable, Angel Gallego, reclamó al equipo de Gobierno (PP) la adaptación de estos estatutos, que motivó una denuncia por la vía penal contra el alcalde y siete concejales, como condición para no continuar con la denuncia, por la que se les acusa del nombramiento irregular de cinco coordinadores generales y de dos gerentes de organismos autónomos municipales, conforme a la nueva Ley de Grandes Ciudades.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), explicó que el pleno del viernes no aprobará la adaptación de los citados cargos a dichos estatutos "sencillamente porque no se puede hacer, ya que aún no se han cumplido los plazos para que los estatutos entren en vigor".
En este sentido, aseguró que Angel Gallego "es un desconocedor de la ley", según la cual, "dichos estatutos entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras lo cual, la ley contempla un periodo de 20 días hábiles para hacer las modificaciones de sus directivos si es que no cumplen con los requisitos de la normativa", periodo que aún no ha vencido.
Asimismo, señaló que los cambios, de producirse, sólo afectarían a los gerentes de organismos autónomos municipales y no a los coordinadores generales denunciados también por el PSOE.
Torres Hurtado apuntó que cesar al director de la Fundación Albaicín, Juan Manuel Segura, como exige el PSOE, o a la directora de la Huerta San Vicente, Laura García Lorca, antes de que se cumplan estos plazos, sólo podría justificarse en que "hayan perdido la confianza de quien les nombró, lo que no ha ocurrido, o porque hayan realizado una mala gestión, que tampoco es el caso".
Agregó que "el proceso de renovación, en el caso de aquellas personas afectadas por el nuevo reglamento, se tiene que hacer justamente cuando la ley entre en vigor, y es entonces, y no antes, cuando se tiene que producir su adecuación".
Avanzó que "aquellos cargos que cumplan las condiciones de la nueva ley, se mantendrán" mientras que los que no lo hagan "cesarían por prescripción legal y, o los confirmamos en sus puestos, porque la ley lo permite, o no lo haremos, porque no pueda ser o porque no queramos", e insistió en que este proceso tendrá lugar "cuando llegue el momento".
"Que sigan con la denuncia si quieren", dijo Torres Hurtado, quien se preguntó "¿por qué, si tan seguro está de lo que hace, el señor Angel Gallego no ha tenido la valentía para estampar su firma en ella?".
Consideró que "el PSOE se ha precipitado" presentando esta denuncia, con la que, a su juicio, ha buscado únicamente "desestabilizar el Ayuntamiento, creando la imagen pública de que el equipo de Gobierno incurre en ilegalidad".
"Nadie nos puede acusar de estar haciendo nada mal en este asunto, ya que, según los plazos, estamos en plena legalidad", dijo el alcalde, quien aseguró tener "confianza absoluta en los servicios jurídicos y en la Secretaría del Ayuntamiento, que son los órganos colegiados que han elaborado y remitido al equipo de Gobierno el informe en base al cual se ha actuado en este caso, y en la interpretación absolutamente correcta de la ley que han hecho". El Pleno del Ayuntamiento de Granada no adaptará los nuevos estatutos a los nombramientos.
El pleno municipal que se celebrará mañana no incluirá en su orden del día la adaptación de los estatutos de la Ley de Grandes Ciudades en lo relativo al nombramiento de coordinadores generales y gerentes de organismos autónomos, como exigió la dirección local del PSOE. Su responsable, Angel Gallego, reclamó al equipo de Gobierno (PP) la adaptación de estos estatutos, que motivó una denuncia por la vía penal contra el alcalde y siete concejales, como condición para no continuar con la denuncia, por la que se les acusa del nombramiento irregular de cinco coordinadores generales y de dos gerentes de organismos autónomos municipales, conforme a la nueva Ley de Grandes Ciudades.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), explicó que el pleno del viernes no aprobará la adaptación de los citados cargos a dichos estatutos "sencillamente porque no se puede hacer, ya que aún no se han cumplido los plazos para que los estatutos entren en vigor".
En este sentido, aseguró que Angel Gallego "es un desconocedor de la ley", según la cual, "dichos estatutos entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras lo cual, la ley contempla un periodo de 20 días hábiles para hacer las modificaciones de sus directivos si es que no cumplen con los requisitos de la normativa", periodo que aún no ha vencido.
Asimismo, señaló que los cambios, de producirse, sólo afectarían a los gerentes de organismos autónomos municipales y no a los coordinadores generales denunciados también por el PSOE.
Torres Hurtado apuntó que cesar al director de la Fundación Albaicín, Juan Manuel Segura, como exige el PSOE, o a la directora de la Huerta San Vicente, Laura García Lorca, antes de que se cumplan estos plazos, sólo podría justificarse en que "hayan perdido la confianza de quien les nombró, lo que no ha ocurrido, o porque hayan realizado una mala gestión, que tampoco es el caso".
Agregó que "el proceso de renovación, en el caso de aquellas personas afectadas por el nuevo reglamento, se tiene que hacer justamente cuando la ley entre en vigor, y es entonces, y no antes, cuando se tiene que producir su adecuación".
Avanzó que "aquellos cargos que cumplan las condiciones de la nueva ley, se mantendrán" mientras que los que no lo hagan "cesarían por prescripción legal y, o los confirmamos en sus puestos, porque la ley lo permite, o no lo haremos, porque no pueda ser o porque no queramos", e insistió en que este proceso tendrá lugar "cuando llegue el momento".
"Que sigan con la denuncia si quieren", dijo Torres Hurtado, quien se preguntó "¿por qué, si tan seguro está de lo que hace, el señor Angel Gallego no ha tenido la valentía para estampar su firma en ella?".
Consideró que "el PSOE se ha precipitado" presentando esta denuncia, con la que, a su juicio, ha buscado únicamente "desestabilizar el Ayuntamiento, creando la imagen pública de que el equipo de Gobierno incurre en ilegalidad".
"Nadie nos puede acusar de estar haciendo nada mal en este asunto, ya que, según los plazos, estamos en plena legalidad", dijo el alcalde, quien aseguró tener "confianza absoluta en los servicios jurídicos y en la Secretaría del Ayuntamiento, que son los órganos colegiados que han elaborado y remitido al equipo de Gobierno el informe en base al cual se ha actuado en este caso, y en la interpretación absolutamente correcta de la ley que han hecho".