Las denuncias entre PSOE y PP por colocaciones a 'dedo' desatan una agria polémica con acusaciones mutuas de ilegalidades.
Aquel hombre entró a la barbería y solicitó ser afeitado. Tras acomodarse en el sillón y tener ya la espuma convenientemente aplicada por el rostro, comprobó con terror que la mano del barbero estaba presa de una especie de tembleque, o, más gráficamente, padecía el baile de San Vito. Al verlo ya 'armado' con una navaja de aquí espero y presto a iniciar la faena, el cliente se sintió invadido por una sensación de pánico al pensar qué efectos devastadores no podría causar aquella hoja de matar en su desprotegida cara. Aprovechó la aproximación del rapabarbas para posar la mano suavemente en su región testicular y, con una ligera presión, susurrarle como quien no quiere la cosa: «No nos vamos a hacer daño, ¿verdad?». Es un chiste viejo y malo que ilustra la relación establecida últimamente entre el PP y el PSOE de Granada. Ambos partidos andan habitualmente enfrascados en sus enfrentamientos y tal, y esa cantinela se convierte algo así como en un hilo musical: es inocuo porque nadie repara en él, es decir, su presencia pasa desapercibida precisamente por ser ya muy familiar. Sin embargo, los socialistas han tocado una tecla diferente esta vez: han acudido a la vía penal para denunciar en los tribunales varios casos de supuesto enchufismo en el Ayuntamiento de Granada. Es decir: han mentado la bicha, y el cataclismo que se ha originado rompe con la habitual cantinela de hilo musical. La denuncia por enchufismo ha hecho saltar todas las chispas y ha dado muchos calambres. Si no detienen a tiempo esta escalada, la escabechina va a ser superior a la que podrían haber desencadenado el barbero tembloroso y su no menos convulso cliente.
Los asuntos relacionados con el bolsillo son sagrados, y 'meneallos' supone abrir la caja de los truenos. El PSOE ha denunciado nombramientos supuestamente ilegales de altos cargos municipales. Se trata de las personas que dirigen organismos autónomos o patronatos, así como de los 'segundos de a bordo' de los concejales delegados. La ley exige una titulación superior para estos empleados, además de otros requisitos. El PSOE entiende que tales personas no reúnen las características exigidas, y por eso ha optado por la vía penal. Entre esas personas figura Laura García Lorca, directora de la Huerta de San Vicente, aunque el PSOE no incluye su caso entre los denunciados y todavía no ha explicado por qué la ha excluido.
La querella ha sentado tan mal en el PP, que este partido ha amenazado con romper todas sus relaciones con los socialistas en caso de que no sea retirada de inmediato.
El PP, por su parte, ha replicado lanzando ataques contra la Diputación, gobernada desde hace muchos años por el PSOE. La institución provincial, vienen a decir los 'populares', se ha convertido en una agencia de colocación en la que recalan alcaldes y concejales socialistas de media provincia, lo cual ha sido desmentido por el equipo de gobierno.
En esta maraña de acusaciones, el PP también ha criticado la colocación de un familiar del alcalde de Santa Fe en el Ayuntamiento de esa localidad, así como la renovación de contratos para supuestos afines al PSOE que trabajan para el Servicio Andaluz de Empleo. Todos los aludidos han replicado y negado las acusaciones.
Lanzados a la campaña
No se sabe qué sorpresas pueden deparar los próximos días, pero no parece probable que los socialistas retiren su querella contra el Ayuntamiento de Granada. Y es que, aunque la denuncia ha enrarecido al máximo el ambiente político, círculos socialistas opinan que en el fondo la citada querella supone el pistoletazo de salida para alcanzar la alcaldía de Granada, un hueso duro de roer para el PSOE.
«La carrera está lanzada», sostenían ayer varios militantes socialistas. Según esta visión de las cosas, el aparato del partido ha puesto ya sus motores a calentar a toda caña para aterrizar en el principal sillón de la plaza del Carmen.
El grupo municipal socialista no comparte la decisión del aparato de acudir a los tribunales por la vía penal, pero el aparato tampoco comparte el permanente estado de 'stand by' en que se encuentra el grupo municipal socialista, muy maltrecho y sin pulso. Es presumible que a partir de ahora los concejales del PSOE pasen aún más a un segundo plano, de modo que será el partido el que directamente tire del carro.
No obstante, en las filas socialistas no acaba de agradar este modo de actuar. Los testimonios recabados por este periódico indican que una medida como la de la querella criminal contra el gobierno del Ayuntamiento debería haber sido más consensuada, ya que es una decisión radical que rompe con las habituales reglas del juego.
Otras fuentes del PSOE advierten del riesgo de haber acudido a la vía penal: una condena judicial al gobierno de José Torres Hurtado es muy improbable. «Si perdemos este caso, se puede volver en nuestra contra», resumen gráficamente.
Tampoco ha sentado demasiado bien la querella en las filas socialistas de la Diputación. La vida política de esta institución suele ser mucho más tranquila que la del Ayuntamiento de Granada, de modo que ahora el gobierno de Antonio Martínez Caler se puede encontrar con el gallinero revuelto innecesariamente. Es decir: el PP ha decidido trasladar la guerra también a la Diputación, en una clásica postura de 'y tú más', lo cual no beneficia a Caler y a los suyos.
«El aparato del partido ha decidido ir a por todas en su lucha por la alcaldía de Granada. La idea es demoler al gobierno de Torres Hurtado aunque eso suponga abrir nuevos frentes en otras instituciones», aseveran las fuentes consultadas.
Lo que casi nadie ve claro es por qué se ha elegido como excusa para este ataque los supuestos casos de enchufismo o tratos de favor. Al respecto, dicen que en situación similar a la de Laura García Lorca, por ejemplo, se encuentra Juan de Loxa, que ha sido director de la Casa Museo Federico García Lorca, dependiente de la Diputación. En este caso, la decisión ha sido la de nombrarlo coordinador para eludir el requisito de la titulación superior.
Y es que los enchufes están electrificados y suelen dar calambres. Enchufes que dan calambre.
Las denuncias entre PSOE y PP por colocaciones a 'dedo' desatan una agria polémica con acusaciones mutuas de ilegalidades.
Aquel hombre entró a la barbería y solicitó ser afeitado. Tras acomodarse en el sillón y tener ya la espuma convenientemente aplicada por el rostro, comprobó con terror que la mano del barbero estaba presa de una especie de tembleque, o, más gráficamente, padecía el baile de San Vito. Al verlo ya 'armado' con una navaja de aquí espero y presto a iniciar la faena, el cliente se sintió invadido por una sensación de pánico al pensar qué efectos devastadores no podría causar aquella hoja de matar en su desprotegida cara. Aprovechó la aproximación del rapabarbas para posar la mano suavemente en su región testicular y, con una ligera presión, susurrarle como quien no quiere la cosa: «No nos vamos a hacer daño, ¿verdad?». Es un chiste viejo y malo que ilustra la relación establecida últimamente entre el PP y el PSOE de Granada. Ambos partidos andan habitualmente enfrascados en sus enfrentamientos y tal, y esa cantinela se convierte algo así como en un hilo musical: es inocuo porque nadie repara en él, es decir, su presencia pasa desapercibida precisamente por ser ya muy familiar. Sin embargo, los socialistas han tocado una tecla diferente esta vez: han acudido a la vía penal para denunciar en los tribunales varios casos de supuesto enchufismo en el Ayuntamiento de Granada. Es decir: han mentado la bicha, y el cataclismo que se ha originado rompe con la habitual cantinela de hilo musical. La denuncia por enchufismo ha hecho saltar todas las chispas y ha dado muchos calambres. Si no detienen a tiempo esta escalada, la escabechina va a ser superior a la que podrían haber desencadenado el barbero tembloroso y su no menos convulso cliente.
Los asuntos relacionados con el bolsillo son sagrados, y 'meneallos' supone abrir la caja de los truenos. El PSOE ha denunciado nombramientos supuestamente ilegales de altos cargos municipales. Se trata de las personas que dirigen organismos autónomos o patronatos, así como de los 'segundos de a bordo' de los concejales delegados. La ley exige una titulación superior para estos empleados, además de otros requisitos. El PSOE entiende que tales personas no reúnen las características exigidas, y por eso ha optado por la vía penal. Entre esas personas figura Laura García Lorca, directora de la Huerta de San Vicente, aunque el PSOE no incluye su caso entre los denunciados y todavía no ha explicado por qué la ha excluido.
La querella ha sentado tan mal en el PP, que este partido ha amenazado con romper todas sus relaciones con los socialistas en caso de que no sea retirada de inmediato.
El PP, por su parte, ha replicado lanzando ataques contra la Diputación, gobernada desde hace muchos años por el PSOE. La institución provincial, vienen a decir los 'populares', se ha convertido en una agencia de colocación en la que recalan alcaldes y concejales socialistas de media provincia, lo cual ha sido desmentido por el equipo de gobierno.
En esta maraña de acusaciones, el PP también ha criticado la colocación de un familiar del alcalde de Santa Fe en el Ayuntamiento de esa localidad, así como la renovación de contratos para supuestos afines al PSOE que trabajan para el Servicio Andaluz de Empleo. Todos los aludidos han replicado y negado las acusaciones.
Lanzados a la campaña
No se sabe qué sorpresas pueden deparar los próximos días, pero no parece probable que los socialistas retiren su querella contra el Ayuntamiento de Granada. Y es que, aunque la denuncia ha enrarecido al máximo el ambiente político, círculos socialistas opinan que en el fondo la citada querella supone el pistoletazo de salida para alcanzar la alcaldía de Granada, un hueso duro de roer para el PSOE.
«La carrera está lanzada», sostenían ayer varios militantes socialistas. Según esta visión de las cosas, el aparato del partido ha puesto ya sus motores a calentar a toda caña para aterrizar en el principal sillón de la plaza del Carmen.
El grupo municipal socialista no comparte la decisión del aparato de acudir a los tribunales por la vía penal, pero el aparato tampoco comparte el permanente estado de 'stand by' en que se encuentra el grupo municipal socialista, muy maltrecho y sin pulso. Es presumible que a partir de ahora los concejales del PSOE pasen aún más a un segundo plano, de modo que será el partido el que directamente tire del carro.
No obstante, en las filas socialistas no acaba de agradar este modo de actuar. Los testimonios recabados por este periódico indican que una medida como la de la querella criminal contra el gobierno del Ayuntamiento debería haber sido más consensuada, ya que es una decisión radical que rompe con las habituales reglas del juego.
Otras fuentes del PSOE advierten del riesgo de haber acudido a la vía penal: una condena judicial al gobierno de José Torres Hurtado es muy improbable. «Si perdemos este caso, se puede volver en nuestra contra», resumen gráficamente.
Tampoco ha sentado demasiado bien la querella en las filas socialistas de la Diputación. La vida política de esta institución suele ser mucho más tranquila que la del Ayuntamiento de Granada, de modo que ahora el gobierno de Antonio Martínez Caler se puede encontrar con el gallinero revuelto innecesariamente. Es decir: el PP ha decidido trasladar la guerra también a la Diputación, en una clásica postura de 'y tú más', lo cual no beneficia a Caler y a los suyos.
«El aparato del partido ha decidido ir a por todas en su lucha por la alcaldía de Granada. La idea es demoler al gobierno de Torres Hurtado aunque eso suponga abrir nuevos frentes en otras instituciones», aseveran las fuentes consultadas.
Lo que casi nadie ve claro es por qué se ha elegido como excusa para este ataque los supuestos casos de enchufismo o tratos de favor. Al respecto, dicen que en situación similar a la de Laura García Lorca, por ejemplo, se encuentra Juan de Loxa, que ha sido director de la Casa Museo Federico García Lorca, dependiente de la Diputación. En este caso, la decisión ha sido la de nombrarlo coordinador para eludir el requisito de la titulación superior.
Y es que los enchufes están electrificados y suelen dar calambres.