Una sentencia firme paraliza las obras de la rotonda de La Chana durante años.
El TSJA rechaza el último recurso del Ayuntamiento y mantiene la suspensión hasta que se resuelva el pleito.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene la paralización del vial de La Chana. Se agotan así las posibilidades de recurso del Ayuntamiento para retomar las obras de la rotonda y la nueva calle, que por otra parte ya están casi acabadas. La situación podría prolongarse durante años, hasta que se resuelva el contencioso que mantienen las dos administraciones y un juez diga cuál lleva razón. Por ahora va ganando la Junta.
Las estadísticas marcan que un pleito de esta guisa puede durar entre dos y cinco años. Todo empezó hace trece meses.
La Junta presentó el recurso en abril de 2007 para que se anulara el acuerdo plenario del 31 de octubre de 2006 por el que se aprobó la remodelación de esta zona, entre la avenida de Andalucía y la calle Circunvalación de la Encina. De prosperar el contencioso todo lo que se ha construido es como si no existiera.
El proyecto, que fue dardo electoral en las municipales, ha dado pie también a una investigación penal, en la que están acusados el ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y otro alto funcionario de la Gerencia.
Son dos patas. Por un lado la investigación de un delito y por otro una supuesta irregularidad en la tramitación del proyecto. La sentencia firme del TSJA atañe a lo segundo. El fallo aduce que los argumentos de la Junta son «más sólidos» que los del Ayuntamiento.
El convenio
El fondo del asunto es que el gobierno municipal autorizó -escudado en un convenio- la construcción de una calle y la glorieta en suelo público donde estaba previsto un parque.
En junio de 2007 el juzgado paralizó las obras cuando estaban casi hechas. Y ahora se ha reafirmado la decisión en firme. La rotonda seguirá a medio acabar, nada más salir del túnel de Villarejo. Un punto donde ya se han producido más de una decena de accidentes, hasta el punto de que el juez ordenó que se mejorara la señalización.
El origen de todo está en un controvertido convenio a varias bandas. En su denuncia el fiscal apunta que este acuerdo puede ser «objeto de investigación».
El Ayuntamiento cedió terreno para una gasolinera por 75 años. A cambio, la empresa tenía que pagar dinero en metálico y costear las obras del vial de marras y otras importantes reformas en la ciudad. Entre ellas estaban el acondicionamiento parcial de la avenida de la Constitución en el tramo de La Caleta, con un coste de 710.166 euros.
El montante total del convenio, según figura en el anexo, es de 1.285.616 euros. El fiscal relata en su decreto que uno de los funcionarios denunciados se negó supuestamente a dar información a otra empresa que ofreció 2,7 millones por una serie de derechos, más que la primera. Entre sus argumentos, el fiscal llama la atención sobre el plazo por el que se ceden los terrenos y aduce que 75 años son muchos dado el «futuro incierto de los combustibles».