El fiscal detecta hasta 6 irregularidades en la ejecución del vial de La Chana.Denuncia al ex gerente de Urbanismo y al jefe de Servicio de Gestión por omitir los pasos legales en su tramitación y en su construcción • Vecinos preparan las alegaciones al PGOU que autoriza la calle
La Fiscalía de Granada ha dado un serio revés a los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de la capital por su intervención en la tramitación y ejecución del vial de La Chana y un soplo de esperanza a los vecinos de la zona que llevan un año denunciando la ilegalidad de la construcción de una carretera en un espacio determinado por el PGOU vigente como zona verde.
La Fiscalía ha detectado hasta seis irregularidades en su tramitación y en su construcción, y ha denunciado por ello al que fuera gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y al Jefe de Servicio de Gestión y Patrimonio, Emilio Martín. Además propone una investigación complementaria sobre el millonario convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y la empresa constructora del vial, entre otras obras.
El informe presentado por ambos responsables en los que defendían la cobertura legal de los trabajos como un proyecto de "obras ordinarias" ha sido desestimado por el Ministerio Público al considerar que los trámites procedimentales que el Ayuntamiento tendría que haber seguido "y no realizó" para dar cobertura legal a las obras proyectadas "superan el mero error administrativo, inscribiéndose por su alcance en la esfera penal". Es decir, el gobierno municipal autorizó las obras del vial de la Chana considerando que no eran grandes cambios en el PGOU y, para ello, tuvo el consentimiento de Lorente y Martín que, según el fiscal, sabían que "podrían vulnerar la legalidad urbanística".
Tanto es así, que en el documento fiscal se especifica que el Ayuntamiento obvió a la hora de construir el vial hacer las modificaciones necesarias en el PGOU para tal obra; prescindió de los documentos establecidos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que informaban y hubieran dado el visto bueno a la modificación en el Plan General que suponía el vial; dicha modificación tampoco fue consultada a Obras Públicas, ni tampoco se recabó el dictamen vinculante del Consejo Consultivo. Por último, el fiscal alude al incumplimiento del PGOU vigente y a la falta de interés público que tiene acometer un vial circulatorio en una zona verde.
Pero la Fiscalía no sólo se centra en los aspectos urbanísticos del caso. Señala que el convenio urbanístico firmado entre el Consistorio y la empresa Promoconstrucciones Andalusí "podría ser objeto de una investigación judicial posterior". Las claves las apunta en el hecho de que el convenio se firma dos meses después de que las empresas explotadoras de la gasolinera cedieran sus derechos a la empresa constructora, y que es esta empresa la que al firmar el convenio con el Ayuntamiento, se queda con las obras del vial de La Chana -entre otras- por un importe de 2 millones, a pesar de que hay otra firma que ofrece 2,7 millones al Consistorio por los mismos trabajos.
Jesús Muñoz, portavoz de los vecinos, considera que este decreto ratifica los argumentos que llevan esgrimiendo durante los últimos meses. "Se confirma que nuestra posición no es un capricho, ni que somos los culpables de los accidentes en la rotonda y en un vial hecho con celeridad a fin de evitar la actual paralización judicial", explican.
Aun así, y con informes de Obras Públicas, la Junta, del Seprona, la Unidad Judicial y las medidas cautelares adoptadas por el juzgado de lo Contencioso 2, manifiestan que ya preparan las alegaciones al PGOU, ya que, "ahora, el Ayuntamiento, pretenden que dicha actuación ilegal se convierta en algo legal con la nueva redacción del Plan General", concluyen.
La Fiscalía ha detectado hasta seis irregularidades en su tramitación y en su construcción, y ha denunciado por ello al que fuera gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y al Jefe de Servicio de Gestión y Patrimonio, Emilio Martín. Además propone una investigación complementaria sobre el millonario convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y la empresa constructora del vial, entre otras obras.
El informe presentado por ambos responsables en los que defendían la cobertura legal de los trabajos como un proyecto de "obras ordinarias" ha sido desestimado por el Ministerio Público al considerar que los trámites procedimentales que el Ayuntamiento tendría que haber seguido "y no realizó" para dar cobertura legal a las obras proyectadas "superan el mero error administrativo, inscribiéndose por su alcance en la esfera penal". Es decir, el gobierno municipal autorizó las obras del vial de la Chana considerando que no eran grandes cambios en el PGOU y, para ello, tuvo el consentimiento de Lorente y Martín que, según el fiscal, sabían que "podrían vulnerar la legalidad urbanística".
Tanto es así, que en el documento fiscal se especifica que el Ayuntamiento obvió a la hora de construir el vial hacer las modificaciones necesarias en el PGOU para tal obra; prescindió de los documentos establecidos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que informaban y hubieran dado el visto bueno a la modificación en el Plan General que suponía el vial; dicha modificación tampoco fue consultada a Obras Públicas, ni tampoco se recabó el dictamen vinculante del Consejo Consultivo. Por último, el fiscal alude al incumplimiento del PGOU vigente y a la falta de interés público que tiene acometer un vial circulatorio en una zona verde.
Pero la Fiscalía no sólo se centra en los aspectos urbanísticos del caso. Señala que el convenio urbanístico firmado entre el Consistorio y la empresa Promoconstrucciones Andalusí "podría ser objeto de una investigación judicial posterior". Las claves las apunta en el hecho de que el convenio se firma dos meses después de que las empresas explotadoras de la gasolinera cedieran sus derechos a la empresa constructora, y que es esta empresa la que al firmar el convenio con el Ayuntamiento, se queda con las obras del vial de La Chana -entre otras- por un importe de 2 millones, a pesar de que hay otra firma que ofrece 2,7 millones al Consistorio por los mismos trabajos.
Jesús Muñoz, portavoz de los vecinos, considera que este decreto ratifica los argumentos que llevan esgrimiendo durante los últimos meses. "Se confirma que nuestra posición no es un capricho, ni que somos los culpables de los accidentes en la rotonda y en un vial hecho con celeridad a fin de evitar la actual paralización judicial", explican.
Aun así, y con informes de Obras Públicas, la Junta, del Seprona, la Unidad Judicial y las medidas cautelares adoptadas por el juzgado de lo Contencioso 2, manifiestan que ya preparan las alegaciones al PGOU, ya que, "ahora, el Ayuntamiento, pretenden que dicha actuación ilegal se convierta en algo legal con la nueva redacción del Plan General", concluyen.