El PSOE pide no vincular la iluminación del vial de La Chana con su ilegalidad. El concejal socialista del Ayuntamiento de Granada José María Rueda recriminó ayer las "escusas"dadas por la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Isabel Nieto, con respecto a la iluminación de la rotonda del vial de la Chana, paralizado por un juez por supuestas anomalías urbanísticas. La demanda de la Junta Municipal de Distrito aluden a la falta de iluminación de la zona y, por consiguiente, a la posible falta de seguridad para los que transitan por la rotonda que linda con el vial del P-19. El concejal socialista de Granada exige que se cumplan las demandas con independencia de las medidas emprendidas por los órganos judiciales. "Para poner cuatro focos y un cartel que indique se la obra está paralizada por un contravenir el PGOU no hace falta nada más", dice Rueda.
Rueda incide en que la solicitud de vecinal nada tiene que ver con la legalización o no del vial que la anterior corporación realizó para unir la Chana con la zona Norte. "Considero que, ahora, no deben quitarse el muerto de encima y, que por lo menos, podrían iluminar y señalizar el espacio que circunda la zona", argumenta.
José María Rueda considera que es importante solventar la situación para evitar problemas y no esperar a que se cierren las medidas judiciales, "ya que podría ser demasiado tarde". Al respecto, indica que sobre el vial hay varias medidas abiertas que son las que lo tienen bloqueado. Por una parte, la apertura de un expediente por parte de Obras Públicas que, en vía contencioso administrativa, acabó en manos de un juez que determinó la paralización, y por otro, la investigación penal de la Fiscalía que observa indicios de delito en la actuación en el controvertido vial.
José María Rueda considera que es importante solventar la situación para evitar problemas y no esperar a que se cierren las medidas judiciales, "ya que podría ser demasiado tarde". Al respecto, indica que sobre el vial hay varias medidas abiertas que son las que lo tienen bloqueado. Por una parte, la apertura de un expediente por parte de Obras Públicas que, en vía contencioso administrativa, acabó en manos de un juez que determinó la paralización, y por otro, la investigación penal de la Fiscalía que observa indicios de delito en la actuación en el controvertido vial.