A partir de 2005 cualquier ciudadano que considere mermados sus derechos o libertades por alguna actuación del Ayuntamiento será amparado por el propio municipio sin necesidad de acudir a los tribunales. Será a través de la Oficina del Defensor del Ciudadano que pondrá en marcha el ayuntamiento de Granada el próximo año como un mecanismo de protección ciudadana dentro del propio consistorio.
Asi lo confirmo a este diario el concejal de Participación Ciudadana, Eduardo del Moral, quien afirmo que la oficina publica tendrá las mismas funciones que el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo Español, solo que en el ámbito local.
En concreto, la misión que se encomienda a esta nueva figura es la de actuar de enlace y mediación entre la administración local y el ciudadano, que podrá acudir a este servicio si considera que una decisión municipal ha alterado sus derechos como terceros.
El Defensor del Ciudadano tendrá la función de esclarecer los actos y decisiones adoptadas por las áreas u organismos de la administración local en sus relaciones con las personas interesadas en obtener el reconocimiento de derechos, acceder a servicios públicos, licencias, autorizaciones, e incluso, presentar reclamaciones contra el funcionamiento de algún servicio público. Aunque para estos dos últimos cometidos, el Ayuntamiento también creara la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, que atenderá a los usuarios en las dependencias de la Concejalia de Participación Ciudadana.
Este servicio se ha pensado para recoger, por ejemplo, una solicitud pidiendo un semáforo en una calle peligrosa para los peatones, explica Eduardo del Moral.
La Oficina del Defensor del Ciudadano contará con un servicio técnico y otro jurídico que estudiara los casos y asesorara a los usuarios en sus reclamaciones. El equipo de gobierno aún no ha decidido quien será la persona que encabece la oficina, de cualquier forma esta responsabilidad recaerá o en un técnico de alta cualificación del Ayuntamiento o en una persona de alto reconocimiento publico en sus especialidad, según asegura el edil.
Hasta ahora, los ciudadanos podían acudir a las oficinas municipales de información y registro, pero la entrada en vigor de la Ley de Grandes Ciudades, y el aumento de la participación ciudadana en la gestión local ha propiciado la aparición de este servicio garante. El municipio tendrá en 2005 una Oficina del Defensor del Ciudadano
A partir de 2005 cualquier ciudadano que considere mermados sus derechos o libertades por alguna actuación del Ayuntamiento será amparado por el propio municipio sin necesidad de acudir a los tribunales. Será a través de la Oficina del Defensor del Ciudadano que pondrá en marcha el ayuntamiento de Granada el próximo año como un mecanismo de protección ciudadana dentro del propio consistorio.
Asi lo confirmo a este diario el concejal de Participación Ciudadana, Eduardo del Moral, quien afirmo que la oficina publica tendrá las mismas funciones que el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo Español, solo que en el ámbito local.
En concreto, la misión que se encomienda a esta nueva figura es la de actuar de enlace y mediación entre la administración local y el ciudadano, que podrá acudir a este servicio si considera que una decisión municipal ha alterado sus derechos como terceros.
El Defensor del Ciudadano tendrá la función de esclarecer los actos y decisiones adoptadas por las áreas u organismos de la administración local en sus relaciones con las personas interesadas en obtener el reconocimiento de derechos, acceder a servicios públicos, licencias, autorizaciones, e incluso, presentar reclamaciones contra el funcionamiento de algún servicio público. Aunque para estos dos últimos cometidos, el Ayuntamiento también creara la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, que atenderá a los usuarios en las dependencias de la Concejalia de Participación Ciudadana.
Este servicio se ha pensado para recoger, por ejemplo, una solicitud pidiendo un semáforo en una calle peligrosa para los peatones, explica Eduardo del Moral.
La Oficina del Defensor del Ciudadano contará con un servicio técnico y otro jurídico que estudiara los casos y asesorara a los usuarios en sus reclamaciones. El equipo de gobierno aún no ha decidido quien será la persona que encabece la oficina, de cualquier forma esta responsabilidad recaerá o en un técnico de alta cualificación del Ayuntamiento o en una persona de alto reconocimiento publico en sus especialidad, según asegura el edil.
Hasta ahora, los ciudadanos podían acudir a las oficinas municipales de información y registro, pero la entrada en vigor de la Ley de Grandes Ciudades, y el aumento de la participación ciudadana en la gestión local ha propiciado la aparición de este servicio garante.