Urbanismo retira la cesión a BP por dudas sobre su legalidad El Ayuntamiento encarga un informe jurídico para despejar las dudas existentes sobre la legalidad del convenio de permuta con BP Oil. El gobierno municipal ha retirado dos veces en los cuatro últimos meses del orden del día de la junta de gobierno local el acuerdo del Ayuntamiento de Granada con los propietarios de la gasolinera de Avenida de Andalucía, dirección Málaga, que permite sacar de la ilegalidad a esta estación de servicio que se encuentra en terrenos de titularidad municipal.
En esta ocasión, el gobierno local ha decidido posponer el convenio con BP, por el que le permuta el derecho de superficie hasta 2081 a cambio de obras en la ciudad por importe de 1.285.616 euros, al tener dudas sobre la legalidad del documento. Así lo confirmó ayer el concejal de Urbanismo y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Gerardo García-Royo, quien aseguró que "hemos solicitado un expediente jurídico para que no haya ninguna duda sobre la legalidad de la permuta", señaló.
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento Franciso Ruiz Dávila se mostró en declaraciones a este periódico escéptico sobre este acuerdo, del que dudó que sea legal porque podría considerarse demasiado favorable para los propietarios de la gasolinera.
Ruiz Dávila, incluso, planteó la necesidad de convocar un concurso público para que "todos los interesados en explotar un negocio de estas características puedan concurrir en igualdad de condiciones a los actuales propietarios de la estación de servicios", apostilló.
No tardó, en cambio, el concejal de Urbanismo en responderle al edil de la oposición, al que advirtió de que "en casos de permuta, la ley no obliga a sacarla a concurso público", explicó.
El Ayuntamiento de Granada mantiene desde agosto de 2000 un pleito contra la empresa mercantil Promoconstrucciones andalusí, representada por BP Oil España Universal, y sobre la que pesa una autorización judicial de desahucio desde abril de 2005, por ocupar terrenos de patrimonio municipal.
García-Royo, por su parte, despejó las incógnitas sobre la legalidad de este tipo de equipamiento al recordar que fue el anterior equipo de gobierno local, del que fue concejal de Urbanismo Francisco Ruiz Dávila, el que aprobó el cambio de la parcela, que en el PGOU de 1985 aparecía como espacio libre, a equipamiento de infraestructuras y transportes.
Pero, ésta no es la primera vez en la que el actual gobierno municipal intenta alcanzar un convenio con BP Oil sin que finalmente llegue a buen término. Así, el pasado mes de noviembre el área de Urbanismo presentó un acuerdo con los responsables de la multinacional petrolera que también retiró por los mismos motivos: a la espera de otros informes.