Un urbanismo cívico.

La LOUA contiene una declaración en toda regla de los principios que deben de regir la actividad urbanística, donde la consideración del interés general y la afirmación de derechos sociales están presentes para garantizar el acceso a una vivienda digna, la regulación de los convenios urbanísticos o la potenciación de los patrimonios públicos de suelo.

Actualmente, los planes urbanísticos municipales y las políticas sectoriales de ámbito estatal y regional constituyen la base de las intervenciones sobre el territorio. Este planteamiento de "escala local" ha conducido a una cierta "competencia" entre los municipios por una "cuota de mercado" que aumente sus posibilidades de desarrollo económico y social. Se hace necesario profundizar en el concepto de "solidaridad" que permita un cierto equilibrio en el desarrollo integrado del conjunto, y debemos participar todos, pues sólo desde el consenso se garantizará su éxito.

Urge un Pacto por el Territorio que centre los objetivos de la acción pública de las diversas Administraciones y de la acción privada, en el que cada municipio fije su papel teniendo en cuenta la compatibilidad de los recursos medioambientales y culturales con las actividades productivas, el ocio y los servicios; un urbanismo cívico que garantice la calidad de vida y, por supuesto, el acceso a la vivienda; y unos servicios públicos eficaces y de calidad.

Dentro de este marco debe avanzarse en la tarea de dedicar esfuerzos al equipamiento de nuestros pueblos y ciudades destinando parte de las plusvalías generadas por el urbanismo a la creación de infraestructuras que faciliten el desarrollo pleno de sus habitantes y favorezcan la vida en sociedad.

Y es el POTA el momento en que debemos reflexionar sobre el territorio con una visión supramunicipal. Después, los Planes Generales podrán entrar a calificar suelo; esto es, dónde construir, qué usos se permitirán y qué densidades. En definitiva el planeamiento territorial y el urbanístico local deben constituir un punto de encuentro entre las administraciones Local y Autonómica dentro de sus respectivas competencias, donde, en el marco de cada instrumento, se procure el consenso bajo las bases irrenunciables de un desarrollo sostenible

En este contexto, se detecta una creciente preocupación ciudadana por los temas urbanísticos, el medio ambiente y el acceso a la vivienda.

Por ello, la Ley sobre el Suelo y la Vivienda protegida es muy oportuna, pues aborda cuestiones como la construcción de viviendas protegidas. Hay que profundizar más en este asunto, hasta que se consiga garantizar el acceso a la vivienda como derecho de todos, en especial de la juventud, que es quien presenta más dificultades. Cuántas viviendas son necesarias y dónde hay que construirlas. También atender a aquellas personas cuyas rentas son superiores a las exigidas en la actual VPO y que no alcanzan a comprar una vivienda libre.

Los municipalistas somos los primeros interesados en que todos los ayuntamientos actúen dentro de la legalidad, pues no todos somos iguales. Más bien la inmensa mayoría no somos iguales a aquellos que incumplen sistemáticamente creando inseguridad jurídica, discrecionalidad arbitraria y preocupación en la ciudadanía. Por ello, la posibilidad de retirar las competencias urbanísticas en esos casos es una medida necesaria y aplaudida por la inmensa mayoría.

Pero, junto a esto, a quienes tratan de contribuir honestamente desde sus puestos al desarrollo con respeto a la legalidad y sensibles a los valores que informan el interés general debe serle reconocida su tarea facilitándoles los medios suficientes para conseguirlo.

Los municipios no debemos ni podemos financiarnos con el urbanismo. Pero además de buenos consejos en este sentido, hay que abordar de verdad la financiación municipal, dotando de recursos económicos a los ayuntamientos para asumir el progresivo aumento de competencia asumidas.