El Gobierno andaluz advierte de que si en un mes no deja sin efecto la medida recurrirá a los tribunales para frenar la enajenación de suelo.
La Delegación del Gobierno ha dado al Ayuntamiento de Granada un plazo de un mes para que deje sin efecto el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo adoptado el 5 de abril para la venta mediante concurso de cuatro parcelas cedidas por promotores al Ayuntamiento para la construcción de equipamientos docentes y deportivos de titularidad pública. El área de Urbanismo contempla ingresar en las arcas municipales por la enajenación de estos cuatro solares, tres destinados a centros de educación en Bola de Oro, en la Zona Norte y frente al actual estadio de Los Cármenes, y otro junto a este último para un pabellón deportivo, 1,5 millones de euros. Los terrenos fueron transferidos gratuitamente por constructores al estar contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zonas reservadas a espacios públicos.
Con la venta de los mismos, el gobierno municipal daba la espalda a una posible cesión al Gobierno andaluz para que construyera dichos equipamientos públicos y puso en manos de los particulares las futuras instalaciones educativas y deportivas.
Pues bien, la Junta de Andalucía entiende, según el escrito enviado al alcalde, José Torres Hurtado, con fecha de 25 de mayo de 2005, que los terrenos señalados son de carácter público por lo que "la modificación de la calificación jurídica exige que la alteración de destino y calificación de las dotaciones públicas conlleve una innovación del Planeamiento General".
Esto es: el Gobierno andaluz considera "ilegal" el acuerdo municipal, por lo que exige en el documento remitido al máximo responsable municipal que convoque la comisión de la Gerencia de Urbanismo para que deje sin efecto la enajenación y le concede 30 días para que "lleve a efecto este requerimiento". Torres Hurtado deberá, después, enviar a la delegada del Gobierno autonómico, Teresa Jiménez, la certificación del acta donde se deje constancia de esta medida o bien "la eventual impugnación que proceda", recoge el documento.
En caso de que en el plazo establecido el Ayuntamiento de la capital no atienda la petición de la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobernación asegura que recurrirá a los tribunales para que los terrenos vuelvan a ser de titularidad municipal.
Pero ésta no es la primera vez que desde que el Partido Popular gobierna en la ciudad se venden unos solares destinados a equipamientos públicos. Ya en 2004 el área de Urbanismo hizo esta operación en una parcela de uso deportivo situada junto a la sede central de CajaGranada y con otra de tipo social donde una empresa privada construirá un geriátrico.
En esta ocasión, los precios mínimos de venta establecidos en el pliego de condiciones superan, de media, en un 57 por ciento el valor urbanístico reconocido en el propio registro municipal de inmuebles. De hecho, dos de los terrenos, situados ambos frente al actual estado de Los Cármenes, han duplicado su valor. El solar destinado a uso docente tiene un precio de 427.652 euros, por lo que se ha producido un incremento del 110 por ciento. Sin embargo, es la parcela colindante donde se construirá un pabellón, la que más se ha revalorizado al subir un 125 por ciento.
En los otros dos casos en Bola de Oro y en la Zona Norte la subida ha sido más moderada y se sitúa en torno al 13 por ciento.
Ya en su momento los grupos de la oposición PSOE e Izquierda Unida cuestionaron la legalidad de la operación. El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Granada manifestó que la venta de suelo reservado para equipamientos públicos iba en contra de la legalidad y era censurable desde el punto de vista político porque "no son terrenos lucrativos y la ciudad ha de tener la garantía de disponer de ellos por las posibles necesidades de futuro", señaló el concejal Francisco Ruiz Dávila.
Los socialistas pusieron sus esperanzas en la Junta de Andalucía, única administración con competencias para frenar la actuación municipal, que no les ha defraudado y deja en el aire unos ingresos para el Ayuntamiento superiores al millón de euros. La Junta exige a Urbanismo que anule la venta de cuatro parcelas públicas.
El Gobierno andaluz advierte de que si en un mes no deja sin efecto la medida recurrirá a los tribunales para frenar la enajenación de suelo.
La Delegación del Gobierno ha dado al Ayuntamiento de Granada un plazo de un mes para que deje sin efecto el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo adoptado el 5 de abril para la venta mediante concurso de cuatro parcelas cedidas por promotores al Ayuntamiento para la construcción de equipamientos docentes y deportivos de titularidad pública. El área de Urbanismo contempla ingresar en las arcas municipales por la enajenación de estos cuatro solares, tres destinados a centros de educación en Bola de Oro, en la Zona Norte y frente al actual estadio de Los Cármenes, y otro junto a este último para un pabellón deportivo, 1,5 millones de euros. Los terrenos fueron transferidos gratuitamente por constructores al estar contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zonas reservadas a espacios públicos.
Con la venta de los mismos, el gobierno municipal daba la espalda a una posible cesión al Gobierno andaluz para que construyera dichos equipamientos públicos y puso en manos de los particulares las futuras instalaciones educativas y deportivas.
Pues bien, la Junta de Andalucía entiende, según el escrito enviado al alcalde, José Torres Hurtado, con fecha de 25 de mayo de 2005, que los terrenos señalados son de carácter público por lo que "la modificación de la calificación jurídica exige que la alteración de destino y calificación de las dotaciones públicas conlleve una innovación del Planeamiento General".
Esto es: el Gobierno andaluz considera "ilegal" el acuerdo municipal, por lo que exige en el documento remitido al máximo responsable municipal que convoque la comisión de la Gerencia de Urbanismo para que deje sin efecto la enajenación y le concede 30 días para que "lleve a efecto este requerimiento". Torres Hurtado deberá, después, enviar a la delegada del Gobierno autonómico, Teresa Jiménez, la certificación del acta donde se deje constancia de esta medida o bien "la eventual impugnación que proceda", recoge el documento.
En caso de que en el plazo establecido el Ayuntamiento de la capital no atienda la petición de la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobernación asegura que recurrirá a los tribunales para que los terrenos vuelvan a ser de titularidad municipal.
Pero ésta no es la primera vez que desde que el Partido Popular gobierna en la ciudad se venden unos solares destinados a equipamientos públicos. Ya en 2004 el área de Urbanismo hizo esta operación en una parcela de uso deportivo situada junto a la sede central de CajaGranada y con otra de tipo social donde una empresa privada construirá un geriátrico.
En esta ocasión, los precios mínimos de venta establecidos en el pliego de condiciones superan, de media, en un 57 por ciento el valor urbanístico reconocido en el propio registro municipal de inmuebles. De hecho, dos de los terrenos, situados ambos frente al actual estado de Los Cármenes, han duplicado su valor. El solar destinado a uso docente tiene un precio de 427.652 euros, por lo que se ha producido un incremento del 110 por ciento. Sin embargo, es la parcela colindante donde se construirá un pabellón, la que más se ha revalorizado al subir un 125 por ciento.
En los otros dos casos en Bola de Oro y en la Zona Norte la subida ha sido más moderada y se sitúa en torno al 13 por ciento.
Ya en su momento los grupos de la oposición PSOE e Izquierda Unida cuestionaron la legalidad de la operación. El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Granada manifestó que la venta de suelo reservado para equipamientos públicos iba en contra de la legalidad y era censurable desde el punto de vista político porque "no son terrenos lucrativos y la ciudad ha de tener la garantía de disponer de ellos por las posibles necesidades de futuro", señaló el concejal Francisco Ruiz Dávila.
Los socialistas pusieron sus esperanzas en la Junta de Andalucía, única administración con competencias para frenar la actuación municipal, que no les ha defraudado y deja en el aire unos ingresos para el Ayuntamiento superiores al millón de euros.