El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que regula la identificación electrónica y el registro de perros, gatos y hurones.
Los propietarios de perros, gatos o hurones que, en unos seis meses, no implanten a sus mascotas el microchip identificador podrán ser multados con entre 501 y 2.000 euros. Así lo recoge el decreto que regula el registro de animales de compañía, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Esta relación de animales incluirá la base de datos de que ya dispone el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, explicó en rueda de prensa que el decreto, que tiene como objetivo asegurar el control sanitario de las mascotas y facilitar la recuperación en caso de pérdida, adapta la legislación autonómica a las recientes directivas comunitarias que exigen especial control para perros, gatos y hurones, las especies más habituales en Europa y que con más facilidad pueden transmitir enfermedades al ser humano.
El sistema de identificación que se implanta incluye datos del animal, del propietario y también del veterinario que coloca el microchip. Este dispositivo electrónico, dotado de un código alfanumérico que impide la duplicación, estará homologado y cumplirá con la certificación de calidad ISO-11.784, a fin de evitar la comercialización de chips 'piratas'.
Registro central
El decreto prevé también la creación de un registro central adscrito a la Consejería de Gobernación, cuya gestión se encomendará en breve al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. Este organismo dispone desde hace años de una amplia base de datos propia, el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), en el que actualmente figuran 400.000 animales inscritos, de los cuales 350.000 son perros. Con la nueva regulación, la Junta prevé alcanzar en el plazo de un año una cifra cercana al millón de perros, gatos y hurones identificados y censados.
En cuanto a los registros municipales, que ya funcionan en numerosas poblaciones andaluzas, el decreto facilita su creación al permitir que se concierten con los colegios oficiales de veterinarios de cada provincia. Ambos censos, el municipal y el central, tendrán carácter público. El segundo de ellos podrá conectarse a bases de datos similares de otras comunidades autónomas y estados de la Unión Europea, con el fin de tener un mayor control de los animales y reforzar la persecución de conductas ilícitas.
De uno a seis meses
El registro del animal será indispensable para que el veterinario pueda vacunarlo y proporcionarle tratamiento sanitario. El propietario del perro, gato o hurón, tendrá un plazo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adquisición para acudir a un veterinario que le implante el microchip.
Será el profesional quien también se encargue de incluir los datos de la mascota en el censo municipal y con ello también en el central, desde el cual se remitirá al dueño la tarjeta identificativa. Por su parte, los propietarios de animales no identificados o marcados con dispositivos sin homologar o con otros métodos diferentes al microchip dispondrán de seis meses para regularizar su situación.
Las personas de otras comunidades autónomas o países que vengan a vivir a Andalucía deberán inscribir a sus mascotas en el registro del municipio en el que se instalen. Si ya cuentan con microchip podrán mantenerlo siempre que el sistema sea compatible. Quienes acudan de otros territorios y vayan a permanecer en Andalucía menos de tres meses estarán exentos de registrar a sus mascotas, al igual que las instalaciones dedicadas a la acogida de animales. En este último caso, serán las personas que los adopten las que estarán obligadas a colocarles el microchip.
La norma aprobada por el Gobierno también establece la obligatoriedad de comunicar al registro, a través del veterinario, incidencias como la muerte del animal o el cambio de residencia o de propiedad. Una vez entre en vigor el decreto, la Junta llevará a cabo campañas de divulgación de su contenido y de las obligaciones que conlleva. La aprobación de esta norma es la tercera iniciativa que adopta el Gobierno andaluz para desarrollar la Ley de Protección de Animales, vigente desde el final de la pasada legislatura. Multas de hasta 2.000 Euros por poseer mascotas sin identificar.
El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que regula la identificación electrónica y el registro de perros, gatos y hurones.
Los propietarios de perros, gatos o hurones que, en unos seis meses, no implanten a sus mascotas el microchip identificador podrán ser multados con entre 501 y 2.000 euros. Así lo recoge el decreto que regula el registro de animales de compañía, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Esta relación de animales incluirá la base de datos de que ya dispone el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, explicó en rueda de prensa que el decreto, que tiene como objetivo asegurar el control sanitario de las mascotas y facilitar la recuperación en caso de pérdida, adapta la legislación autonómica a las recientes directivas comunitarias que exigen especial control para perros, gatos y hurones, las especies más habituales en Europa y que con más facilidad pueden transmitir enfermedades al ser humano.
El sistema de identificación que se implanta incluye datos del animal, del propietario y también del veterinario que coloca el microchip. Este dispositivo electrónico, dotado de un código alfanumérico que impide la duplicación, estará homologado y cumplirá con la certificación de calidad ISO-11.784, a fin de evitar la comercialización de chips 'piratas'.
Registro central
El decreto prevé también la creación de un registro central adscrito a la Consejería de Gobernación, cuya gestión se encomendará en breve al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. Este organismo dispone desde hace años de una amplia base de datos propia, el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), en el que actualmente figuran 400.000 animales inscritos, de los cuales 350.000 son perros. Con la nueva regulación, la Junta prevé alcanzar en el plazo de un año una cifra cercana al millón de perros, gatos y hurones identificados y censados.
En cuanto a los registros municipales, que ya funcionan en numerosas poblaciones andaluzas, el decreto facilita su creación al permitir que se concierten con los colegios oficiales de veterinarios de cada provincia. Ambos censos, el municipal y el central, tendrán carácter público. El segundo de ellos podrá conectarse a bases de datos similares de otras comunidades autónomas y estados de la Unión Europea, con el fin de tener un mayor control de los animales y reforzar la persecución de conductas ilícitas.
De uno a seis meses
El registro del animal será indispensable para que el veterinario pueda vacunarlo y proporcionarle tratamiento sanitario. El propietario del perro, gato o hurón, tendrá un plazo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adquisición para acudir a un veterinario que le implante el microchip.
Será el profesional quien también se encargue de incluir los datos de la mascota en el censo municipal y con ello también en el central, desde el cual se remitirá al dueño la tarjeta identificativa. Por su parte, los propietarios de animales no identificados o marcados con dispositivos sin homologar o con otros métodos diferentes al microchip dispondrán de seis meses para regularizar su situación.
Las personas de otras comunidades autónomas o países que vengan a vivir a Andalucía deberán inscribir a sus mascotas en el registro del municipio en el que se instalen. Si ya cuentan con microchip podrán mantenerlo siempre que el sistema sea compatible. Quienes acudan de otros territorios y vayan a permanecer en Andalucía menos de tres meses estarán exentos de registrar a sus mascotas, al igual que las instalaciones dedicadas a la acogida de animales. En este último caso, serán las personas que los adopten las que estarán obligadas a colocarles el microchip.
La norma aprobada por el Gobierno también establece la obligatoriedad de comunicar al registro, a través del veterinario, incidencias como la muerte del animal o el cambio de residencia o de propiedad. Una vez entre en vigor el decreto, la Junta llevará a cabo campañas de divulgación de su contenido y de las obligaciones que conlleva. La aprobación de esta norma es la tercera iniciativa que adopta el Gobierno andaluz para desarrollar la Ley de Protección de Animales, vigente desde el final de la pasada legislatura.