La confirmación de que el PP va a adecuar la Gerencia de la Fundación Albaicín a los nuevos estatutos no es suficiente para los socialistas.
La intención manifestada por el grupo municipal del PP de legalizar la situación del gerente de la Fundación Albaicín el principal alto cargo del Ayuntamiento que el PSOE sostiene que está fuera de la nueva normativa no basta a los socialistas para retirar la denuncia penal contra el alcalde y siete concejales presentada por el nombramiento supuestamente irregular de seis personas de su confianza en puestos de responsabilidad. No habrá marcha atrás si el gobierno no actúa en todos los casos denunciados. Tanto el máximo responsable municipal del PSOE, Ángel Gallego, como el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, reconocieron ayer contactos entre ambos partidos para tratar una solución a este asunto que ha motivado la ruptura de relaciones. Sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado por el momento alguna concesión respecto a sus posiciones iniciales.
Los socialistas, lejos de considerar suficiente el gesto anunciado por el PP de cambiar la situación del gerente de la Fundación Albaicín, José Manuel Segura, y de la directora de la Huerta de San Vicente, Laura García Lorca, que no entró en la denuncia del PSOE, aunque ahora pide también su regularización, han dado al PP, como plazo "razonable" hasta el próximo pleno de final de febrero, para "restaurar la legalidad" en cada uno de los cargos incluidos en la denuncia penal.
El presidente del PP aseguró que la actuación exigida por el PSOE no se va a producir y que, por su parte, ha pedido al secretario provincial de los socialistas, Francisco Álvarez de la Chica, la retirada de la denuncia para llegar a normalizar las relaciones.
"He hablado con Álvarez de la Chica y está dispuesto a colaborar pero le pido hechos. Le he pedido que impere el sentido común y un gesto, que retire la demanda contra el alcalde y los concejales del equipo de gobierno y que medie", declaró ayer Pérez.
La decisión de la ejecutiva local socialista de acudir a la vía penal para denunciar al alcalde y siete concejales no sólo ha provocado una crisis con el PP, sino que ha puesto de manifiesto las divergencias internas socialistas. El grupo municipal que desempeña la labor de oposición no tardó en posicionarse en contra de la denuncia porque, aún compartiendo el fondo de la cuestión, no consideraba que ésa fuera la vía adecuada.
El secretario de la ejecutiva local, Ángel Gallego, dijo ayer sobre esta divergencia que "el grupo cumple su trabajo pero las decisiones de este tipo corresponde tomarlas a la dirección política".
La utilización de la vía penal para esta denuncia, en lugar de la administrativa que es más común ante este tipo de divergencias fue justificada por Gallego por el largo tiempo que suele transcurrir hasta que se resuelven los asuntos en el Contencioso. Además, el responsable socialista recordó que el PP también ha utilizado la vía penal para denunciar al jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Luis de Haro Rossi, por un supuesto fraude de 118 euros.
En cuanto a la acusación del PP de la existencia de cargos ilegales en estos momentos en la Diputación, Gallego dijo ayer que, si se demuestra, los responsables socialistas rectificarán y tomarán las medidas oportunas. El PSOE exige legalizar todos los cargos para retirar su denuncia.
La confirmación de que el PP va a adecuar la Gerencia de la Fundación Albaicín a los nuevos estatutos no es suficiente para los socialistas.
La intención manifestada por el grupo municipal del PP de legalizar la situación del gerente de la Fundación Albaicín el principal alto cargo del Ayuntamiento que el PSOE sostiene que está fuera de la nueva normativa no basta a los socialistas para retirar la denuncia penal contra el alcalde y siete concejales presentada por el nombramiento supuestamente irregular de seis personas de su confianza en puestos de responsabilidad. No habrá marcha atrás si el gobierno no actúa en todos los casos denunciados. Tanto el máximo responsable municipal del PSOE, Ángel Gallego, como el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, reconocieron ayer contactos entre ambos partidos para tratar una solución a este asunto que ha motivado la ruptura de relaciones. Sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado por el momento alguna concesión respecto a sus posiciones iniciales.
Los socialistas, lejos de considerar suficiente el gesto anunciado por el PP de cambiar la situación del gerente de la Fundación Albaicín, José Manuel Segura, y de la directora de la Huerta de San Vicente, Laura García Lorca, que no entró en la denuncia del PSOE, aunque ahora pide también su regularización, han dado al PP, como plazo "razonable" hasta el próximo pleno de final de febrero, para "restaurar la legalidad" en cada uno de los cargos incluidos en la denuncia penal.
El presidente del PP aseguró que la actuación exigida por el PSOE no se va a producir y que, por su parte, ha pedido al secretario provincial de los socialistas, Francisco Álvarez de la Chica, la retirada de la denuncia para llegar a normalizar las relaciones.
"He hablado con Álvarez de la Chica y está dispuesto a colaborar pero le pido hechos. Le he pedido que impere el sentido común y un gesto, que retire la demanda contra el alcalde y los concejales del equipo de gobierno y que medie", declaró ayer Pérez.
La decisión de la ejecutiva local socialista de acudir a la vía penal para denunciar al alcalde y siete concejales no sólo ha provocado una crisis con el PP, sino que ha puesto de manifiesto las divergencias internas socialistas. El grupo municipal que desempeña la labor de oposición no tardó en posicionarse en contra de la denuncia porque, aún compartiendo el fondo de la cuestión, no consideraba que ésa fuera la vía adecuada.
El secretario de la ejecutiva local, Ángel Gallego, dijo ayer sobre esta divergencia que "el grupo cumple su trabajo pero las decisiones de este tipo corresponde tomarlas a la dirección política".
La utilización de la vía penal para esta denuncia, en lugar de la administrativa que es más común ante este tipo de divergencias fue justificada por Gallego por el largo tiempo que suele transcurrir hasta que se resuelven los asuntos en el Contencioso. Además, el responsable socialista recordó que el PP también ha utilizado la vía penal para denunciar al jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Luis de Haro Rossi, por un supuesto fraude de 118 euros.
En cuanto a la acusación del PP de la existencia de cargos ilegales en estos momentos en la Diputación, Gallego dijo ayer que, si se demuestra, los responsables socialistas rectificarán y tomarán las medidas oportunas.