El pleno aprueba la ordenanza que veta los servicios sexuales en la calle con multas de hasta 3.000 euros.
Ejercer la prostitución en las calles de la ciudad estará prohibido dentro de un mes, después de que el Ayuntamiento apruebe definitivamente el veto a los servicios sexuales en la vía pública. La Policía Local podrá multar a las meretrices y sus clientes con una sanción de hasta 3.000 euros, dinero que se invertirá en la lucha contra el proxenetismo y el apoyo de aquellas personas que deseen abandonar esta forma de vida.
El pleno ratificará hoy, con el respaldo de PP y PSOE, el veto a las prácticas sexuales remuneradas en lugares públicos después de más de un año de trabajo en las comisiones municipales y tras varios encuentros con los colectivos afectados: vecinos, empresarios, organizaciones sociales y asociaciones de prostitutas. Finalmente, y con el rechazo de IU, este tipo de prácticas quedarán prohibidas en la totalidad del núcleo urbano y multadas de forma severa en zonas próximas a centros educativos o urbanizaciones.
Según consta en la ordenanza para la convivencia, queda abolido "el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público" en todo el término municipal de Granada. Las autoridades perseguirán estas conductas "de manera especial" cuando ocurran en lugares a menos de doscientos metros de distancia de áreas "residenciales, colegios o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna".
El texto de la normativa, elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano, estipula que los agentes de la Policía Local darán un aviso a las personas que incumplan este precepto y en caso de persistir serán sancionadas. La reiteración de los clientes o meretrices supondrá el aumento de la multa, pero en un principio el quebrantamiento de la norma supondrá multas de entre 1 y 750 euros si son leves, 750 y 1.500 las graves y entre 1.500 y 3.000 las muy graves.
Restrictiva. El pasado mes de mayo, los sindicatos independientes de la Policía Local de Granada (SIPLG) y de Andalucía (SIPAN) creyeron "difícil" hacer cumplir la ordenanza para la convivencia con tan sólo la reestructuración de la plantilla, anunciada por el Consistorio y que tendrá lugar también en noviembre, cuando la norma entre en funcionamiento.
IU ha mostrado su rechazo al texto al considerar que "nace sin el consenso ciudadano necesario", puesto que la mayoría de las 44 alegaciones presentadas por los granadinos no han sido incorporadas al texto, entre ellas las de asociaciones sociales en contra del veto a la prostitución.