Urbanismo retiene 274.000 euros a la constructora del vial de La Chana.

El Ayuntamiento insiste en un escrito que la obra, cuya legalidad está siendo investigada por el juzgado, está promovida por la empresa y no por el municipio.

El Ayuntamiento quiere tener en su mano las garantías necesarias de que la obra del vial y la rotonda de La Chana va a ser terminada, pese a que el juez puede determinar su ilegalidad. Por eso retiene un aval de 275.000 euros que en su día tuvo que presentar la constructora.

La nueva calle y la rotonda a la altura de la Avenida de Andalucía se encuentran prácticamente finalizadas, pero hay una orden judicial de paralización cautelar (hasta que se resuelva si es legal o no) que impide su apertura al tráfico. El Ayuntamiento considera que no está acabada la construcción y ha informado a la empresa de que no va a devolverle el aval económico hasta que el municipio no reciba oficialmente la obra.

Pero esto puede tardar incluso años, porque hay una investigación judicial sobre esta intervención en la que se sustituyó lo que debía ser un espacio libre de la ciudad por un vial que conectaría dos núcleos de población.

Las protestas de los vecinos de la zona y de la Junta de Andalucía (por lo que considera una vulneración del Plan General de Ordenación Urbana) llevaron a la paralización judicial de la obra, aunque esta orden y su cumplimiento efectivo llegaron cuando la calle y la rotonda ya están prácticamente terminadas.

En el documento que el fiscal remitió al juez este año después de haber estudiado el caso, éste detectó media docena de irregularidades en la tramitación y construcción, además de denunciar al ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y a otro jefe del organismo municipal, por esas irregularidades.

En el escrito en el que la Gerencia de Urbanismo rechaza devolver los avales a la empresa, el órgano municipal se desvincula de la promoción de la obra, diciendo que el Ayuntamiento no fue quien la contrató. En realidad, la diferencia radica en una tramitación diferente a la habitual. En lugar de que el municipio contratara a la empresa constructora para hacer una obra, Urbanismo firma un convenio urbanístico con esa sociedad en la que le otorga los terrenos de la gasolinera colindante a cambio de que la empresa construya un vial y una rotonda. Por eso es la sociedad la que promueve y el Ayuntamiento sólo se limita a recibirla cuando acabe.