La Policía de Granada informa a prostitutas y clientes de las multas inminentes
Los agentes municipales recuerdan desde hace unos días a quienes sorprenden en la calle que las sanciones previstas pueden alcanzar los 3.000 euros
La ordenanza de la convivencia entrará en vigor en noviembre. A partir de esa fecha, cualquier prostituta o particular que sea sorprendido practicando sexo en la calle será sancionado con multas que oscilan entre uno y 3.000 euros. La cuantía variará en función del tipo de infracción y la zona donde se cometa, ya que el Ayuntamiento penalizará con más intensidad las prácticas sexuales realizadas a menos de 200 metros de zonas residenciales, comerciales y centros educativos.
El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó la ordenanza a finales de septiembre. Desde entonces tiene que cumplir todos los trámites oportunos para su entrada en vigor. Estos días se encuentra en la fase previa a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Después estará sometida a un plazo de exposición de 20 días y en noviembre comenzará a aplicarse la primera ordenanza de Andalucía que regula determinadas prácticas callejeras, incluida la mendicidad persistente o las actuaciones de artistas callejeros que no posean la preceptiva licencia.
El concejal de Protección Ciudadana y Participación, Eduardo Moral, explicó a Europa Press que un grupo de agentes de la Policía Local lleva varios días informando a las meretrices y sus clientes de que en noviembre entrará en vigor la ordenanza que sancionará con multas de hasta 3.000 euros el ejercicio de la prostitución en la vía pública.
Los agentes avisan sobre la nueva ordenanza municipal en zonas como la carretera de Jaén y en las calles adyacentes, donde se concentra gran parte de la prostitución que se ejerce en la capital. Con esta actuación, el Ayuntamiento da cumplimiento al precepto de "avisar antes de multar" que recoge esta ordenanza.
El régimen de sanciones previsto prevé multas de hasta 3.000 euros para los casos de infracción muy grave por "ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales" a menos de 200 metros de zonas residenciales y centros educativos y comerciales. Si esta práctica se realiza fuera de este perímetro, las multas irán de 1 a 750 euros y de 750 a 3.000 euros. El dinero que se recaude se destinará a programas dirigidos a las prostitutas.
Diversos colectivos que trabajan con las prostitutas ya han mostrado su oposición a que se aplique esta norma, pues consideran que se incrementará la marginalidad "sin resolver el problema de fondo" que esconde la prostitución.