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GRANADA, ENTRE LAS DIEZ CIUDADES DE ESPAÑA CON LOS IMPUESTOS MÁS CAROS

En el ranking andaluz, en cambio, Granada se encuentra por debajo de la mayoría de las capitales, tanto en el IBI como en el impuesto de circulación En los últimos cinco años se ha mantenido la tónica de ser más gravoso tributar aquí que en Barcelona.

Ser ciudadano de Granada capital no es demasiado bueno para el bolsillo en lo que a impuestos se refiere. La ciudad se encuentran entre las diez más caras de toda España, una posición en el ranking tributario de los municipios españoles, que no ha cambiado demasiado en los últimos cinco años, tiempo en el que Granada ha estado casi siempre en esos niveles. No ocurre lo mismo si la comparamos con el resto de las capitales de provincia de Andalucía. En el contexto de la comunidad autónoma, el municipio está en niveles medios, por debajo de ciudades como Sevilla o Málaga, donde sus ciudadanos pagan más en algunos impuestos o tasas municipales.

Cuando empezamos el segundo año fiscal después de la polémica de la subida de casi el 30% del Impuesto de Bienes Inmuebles, es el momento de poder ver, con objetividad y mediante las cifras que aporta el Ministerio de Hacienda, cuál es la situación real de Granada en el contexto andaluz y del país a cinco años vista y como ha evolucionado el gravamen impositivo que sufrimos los granadinos. El año 2006 ha sido el más significativo de este periodo, ya que tras un periodo en el que muchos municipios congelaron sus impuestos o aplicaron subidas mínimas, el año pasado, volvía a presentar una evolución tributaria más normalizada. Durante 2006, la capital Granada era la número 9 en la lista de las 52 capitales de provincias españolas en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una posición muy por encima de ciudades como Barcelona, Madrid, Soria, Toledo o Alicante, aunque por debajo de otras capitales andaluzas, concretamente Jaén, Huelva y Sevilla, que ocupaban los puestos 4, 7 y 8 respectivamente. Está claro que los municipios andaluces gravan mucho más que otros del país a sus ciudadanos en cuanto al impuesto sobre las casas.

Cada granadino propietario de inmuebles pagó el año pasado una media de 80,60 euros por la contribución urbana, lo que era un 1,64% menos que el año anterior, pero en el 2005, pagamos la friolera de un 29,27% más que en 2004. En comparación con otras capitales, los ciudadanos de Lérida son los que más pagan, 93,50 euros y los de Vitoria los que menos, sólo 17,28 euros de media. Las dos ciudades más importantes de España, Madrid y Barcelona, los ciudadanos pagan 70,71 y 52,63 respectivamente. En relación con Andalucía, donde más se paga es en Jaén, 88,42 euros, y donde menos, Córdoba con 64 euros de media por casa, garaje o trastero.

En Granada hace cinco años, la cantidad que se pagaba era de 60,45 euros, lo que significa que en este periodo de tiempo nos ha subido el IBI más de 20 euros.

El coste del coche

En relación con el coche que utilizamos en la ciudad, vivir en Granada tampoco resulta más barato que en otros sitios. La capital granadina se encuentra en el puesto número siete del ranking de los municipios de toda España, lo que significa que en los dos impuestos municipales que más afectan a los ciudadanos, estamos entre las diez ciudades más caras de España. En relación con Andalucía y el impuesto de los coches, Granada ocupa el segundo lugar de toda la comunidad autónoma. Los granadinos pagaron durante el año pasado una media de 64,24 euros por cada vehículo que poseen.

Ese dinero puede considerarse muy alto si tenemos en cuenta que una ciudad como Madrid cobra 58 euros de media. La que cobra más caro es San Sebastián, con 69 euros, y la más barata, Melilla, donde sólo pagan 17 euros por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

La evolución de los últimos cinco años en este impuesto en Granada ha sido, como en el IBI, bastante alta, ya que hemos pasado de pagar 51 euros de media en el año 2001 a los 64 del año 2007. En todos estos años los incrementos han sido de entre un dos y un cuatro por ciento, aunque para el año 2007 este impuesto se congela.

Actividades Económicas
Se trata de un impuesto que ya afecta de forma mínima a los ciudadanos, puesto que no tienen que pagarlos la totalidad de las empresas y profesionales. Ahora sólo están obligadas a abonarlo aquellas empresas y profesionales que poseen una facturación anual superior a un millón de euros. En este impuesto, en 2006, Granada ocupaba el sexto puesto de las provincias andaluzas y el 35 del ranking de las provincias españolas. Una empresa en Granada paga alrededor de 900 euros de media por el IAE, frente a otras provincias donde se supera el millar de euros en este concepto. Para este año, el IAE sube un 4%, aunque se han introducido bonificaciones.

Las rebajas en los impuestos es la baza que los ayuntamientos han comenzado a jugar en estos últimos cinco años. Reducir la cantidad que tienen que pagar las familias numerosas, los que pongan en marcha sistemas de energías alternativas, o incluso a quienes cuiden coches considerados históricos, hace que la media estadística de los tributos no sea demasiado alta, e incluso sirve como excusa para respaldar subidas más altas de lo que los ciudadanos podrían esperar.

Cerco al ladrillo.

Desde 2002, el Gobierno andaluz ha aprobado planes y normas más restrictivas para acabar con la especulación

La Ley de Suelo, unida a ese plan de nombre que espanta (el POTA), han formado un corsé que ha metido en cintura el urbanismo. Sus restricciones -para algunos colectivos demasiadas- han echado por tierra las pretensiones expansionistas de muchos municipios que se habían puesto en brazos del ladrillo.

Las dos premisas básicas son: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Así se evitará el desarrollo desmesurado que han experimentado muchos pueblos sin que los servicios mejoren al mismo ritmo.

No obstante, el Gobierno andaluz ha avisado que será flexible para que ningún proyecto que sea de interés general se quede fuera. Se estudiará caso a caso. Aunque parezca restrictivo, este margen no es poca cosa: el plan territorial andaluz contempla la construcción 700.000 viviendas asequibles en Andalucía en la próxima década.

La otra pata del patrón es la Ley de Suelo, una norma que entró en el Parlamento en la primavera de 2002, después de cinco años de gestiones. No contó con el voto del PP, que promovió una enmienda a la totalidad. La antigua, la bautizada como Ley-puente de Suelo, fue aprobada por el Gobierno andaluz en 1997 para un periodo transitorio de un año.

A finales de 2005, el pleno del Parlamento aprobó una proposición del PSOE sobre modificación de ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, donde se recogía la retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos que incumplan la legalidad. Entre las modificaciones que introdujo la iniciativa socialista destacan la extensión de la obligación de reservar el 30 por ciento del suelo de la edificabilidad residencial aún en las denominadas 'residencias turísticas', con el objetivo de garantizar suelo suficiente para dotaciones, equipamientos y servicios adecuados a la población.

Segundo cambio

Otra modificación es que en el caso de que el Plan General de Ordenación Urbana exima total o parcialmente de la obligación de reservar, al menos, el 30 por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas de protección, deberá prever su compensación en el resto de las áreas y asegurar su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.

En mayo de 2006 se aprobó otra modificación introducida por el PSOE. Por segunda vez en su corta vida, la Ley de Vivienda Protegida y Suelo fue sometida a votación en el Parlamento autonómico. El Gobierno andaluz decidió modificar la norma, que había entrado en vigor en diciembre de 2005, ante el revuelo y polémica que causó entre los promotores urbanísticos la definición que la ley hacía del uso del suelo turístico.

La norma dice que se debe garantizar superficie suficiente para equipamientos y servicios adecuados a la población, con lo que se reservará el 30 por ciento de la edificabilidad de cualquier tipología residencial, incluyendo la de VPO, pero dejando a los ayuntamientos que decidan en sus planes generales su localización. La nueva normativa también fija que el 51% del suelo edificable en las zonas turísticas se debe dedicar a hoteles.

La ira de los propietarios -que se han constituido en asociación y que tratan de negociar con la Junta- se centra en los requisitos y límites que la ley establece para la venta de sus viviendas protegidas. Los límites se refieren al precio, a los años que han de transcurrir para la venta y al derecho de retracto y de tanteo de la Junta en algunos casos. Para evitar el fraude, la ley obliga a los notarios a informar a la Administración de cualquier contrato de compraventa de una vivienda protegida.